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Lo imposible es posible, los locos somos cuerdos.José Martí
Boris Luis Rodríguez García *
Cualquier emprendimiento que busque hallar soluciones efectivas, duraderas y sustentables a la violencia social con armas de fuego en América Latina debe encarar al menos dos aspectos esenciales: uno de naturaleza antropológica; el otro, de carácter sistémico.
El primero es afín a lo que pudiéramos conceptuar como “sedimentación de una subcultura de poseer armas de fuego”, ampliamente expandida en las sociedades de la región. Esta construcción sociológica ha hallado refuerzo y sustento, de un lado, en la licitud conferida por la modernidad latinoamericana a la posesión civil de armas de fuego, sintetizada jurídicamente en el derecho a la tenencia de armas, lo cual es una perversión cabal del verdadero sentido de los derechos humanos. El otro factor es de legitimidad: ante el empuje de la delincuencia y la criminalidad, en muchos sectores del cuerpo social latinoamericano existe la creencia en la necesidad de la posesión de armas de fuego para los fines de la defensa de la seguridad individual, familiar y del patrimonio, debido a la discapacidad manifiesta del Estado para garantizar con eficacia esta función pública.
El segundo aspecto [de carácter sistémico] está relacionado con la naturaleza del modelo de desarrollo que ha prevalecido en la región, en el que concurren factores de orden histórico y mercantil que favorecen la expansión de un mercado doméstico de armas, azuzado por los crecientes niveles de pobreza y desigualdad.
Literalmente, ambas cuestiones han estado fuera de la mira, o al menos su presencia ha sido intermitente. Conforman la agenda pendiente en la ruta hacia sociedades libres del flagelo de las armas de fuego .
1En el debate sobre las estrategias [y en la propia praxis] para enfrentar las consecuencias sociales y humanitarias de las armas ha prevalecido un enfoque tecnocratizado. Con la honrosa excepción de unas pocas agrupaciones vanguardistas que desarrollan a contracorriente campañas en favor de la abrogación del derecho a poseer y portar armas de fuego, la mayor parte de la comunidad de ONGs latinoamericanas ha enfocado su actividad en el terreno del control de armamentos y en las acciones de concienciación.
Vale reconocer que esta labor ha sido de suma utilidad, sin embargo es necesario reposicionar en el debate la cuestión de la tenencia legal de armas, así como los aspectos de orden político vinculados al desarrollo económico y social. A la sociedad civil organizada le corresponde un papel primordial, pues ha estado en el epicentro de la conciencia mundial, muchas veces compulsando la actuación de los actores gubernamentales. El Tratado para el Comercio Mundial de Armas es el mejor ejemplo.
Es necesario que se comprenda de una vez que las acciones enfocadas a fijar límites sobre el tipo y la cantidad de armas que los civiles pueden adquirir y portar, así como otras que establecen requerimientos estrictos para la emisión de licencias, la gestión de registros, el control de las transferencias, de los arsenales y los intermediarios, si bien resultan indispensables para procurar cerrar la brecha al mercado ilícito, aportan escasamente a solucionar el problema de fondo.
La sociedad civil ha trabajado –como norma- con un criterio posibilista, que pareciera responder a las dinámicas de nuestro tiempo histórico. Ante la aparente imposibilidad de alterar sensiblemente la correlación de fuerzas imperante en lo cultural y en lo mercantil, sus directrices han apostado al logro de impactos graduales en los espacios en que se les ha permitido algún margen de actuación. No debemos olvidar que en este campo el Estado y el mercado se reservan el papel fundamental. Sin embargo, en este como en otros asuntos, quien no luche por cambiarlo todo corre el riesgo de no cambiar nada.
Desde las ONGs, y en general desde la sociedad civil se requiere una visión estratégica que interprete el entramado de regulaciones a la posesión civil como un paso fundacional, inicial, en el difícil camino de extirpar las armas en manos de civiles. Si no es así se le estará haciendo diligentemente el juego a la racionalidad del mercado. Por ello, la única solución realista y sustentable es la abolición total de la posesión civil de armas de fuego, unida a la construcción de sociedades cada vez más inclusivas y justas con altos niveles de desarrollo social.
En lo que les corresponde, muchas de las organizaciones que de modo abnegado trabajan en el terreno pudieran sentirse desbordadas debido a la magnitud de la empresa. En las condiciones actuales la exhortación a encarar la cuestión de la tenencia legal de armas puede parecerles una invitación extemporánea al fracaso. De por sí, el reto que plantea el tráfico ilícito es gigantesco.
Luego entonces, qué hacer, cómo implosionar esta realidad, dónde comenzar. En primer lugar, urge identificar los actores sociales dispuestos a “dar la pelea’’. Una de las limitaciones fundamentales en materia de armas ha sido la gremialización del tema en manos de unas pocas organizaciones. Es necesario superar la lógica de la dispersión, incorporar otros actores locales y regionales, trasvasar las experiencias de lucha del movimiento social al terreno de la seguridad, ganar las calles, jerarquizar el tema de la tenencia de armas de fuego en el debate social, crear conciencia, construir alianzas, dialogar con los sectores informales, las iglesias y las comunidades de base, las asociaciones de mujeres y de jóvenes. El caudal de acciones es infinito.
Uno de los retos fundamentales está en socializar con eficacia el tema de la tenencia de armas y sus verdaderas implicaciones para la seguridad. La experiencia del referéndum sobre armas en Brasil demostró las imperfecciones de la democracia cuando el público está mal informado, más allá de la fuerza de las circunstancias que obligan a la gente a pensar y actuar de la forma en que lo hacen, aunque ello equivalga a celebrar su propia perdición.
Es vital articular desde la sociedad civil una crítica a la razón de mercado. Si no se antagoniza el sacrosanto derecho a la posesión de armas de fuego todos los esfuerzos serán baldíos. Los fabricantes y vendedores de armas disponen de formidables dispositivos publicitarios encargados de asegurar la realización mercantil de sus inicuas producciones. Se favorecen y trabajan de mil maneras para reforzar en el público las percepciones de inseguridad ciudadana. Sus tecnologías de mercadotecnia son “ejemplares”, sus credenciales de empresas socialmente responsables sobrecogen al punto de sembrar en las mentes de los individuos reflejos en torno a la seguridad como un asunto privado, a tono con las más rancias concepciones individualistas que propaga la filosofía liberal.
Hay que dar batalla en el plano de las ideas. En el prontuario de los cabilderos de las armas llama la atención el caudal de argumentos poco rigurosos que emplean para demostrar, entre otras, que la prohibición de la tenencia de armas conduce inexorablemente al aumento de la criminalidad [y viceversa], sin tomar en cuenta la multiplicidad de factores determinantes. Precisamente, esta es una de las ideas que con mayor obcecación suele repetirse. El paroxismo de la manipulación llega al punto de vender como infalibles los modelos epistemológicos que emplean para hacer los estudios de caso correspondientes, sin siquiera fundamentar o demostrar su validez.
Las armas e fuego, sean lícitas o ilícitas, solo contribuyen a sembrar el terror, la muerte y la desolación. Es necesaria una renovación de tipo moral, una revolución en la cultura que devuelva la fe en el hombre y cultive el amor a la vida.
La violencia social con armas de fuego halla su fuente nutricia en el sistema capitalista. Las peores consecuencias las pagan las capas más empobrecidas que se disputan a diario la vida en las calles. En cambio, las clases pudientes se dotan cada vez más de elevados estándares de seguridad. Esta es una lucha larga y desigual que se librará “tiro a tiro”, con entrega, constancia y valor para enfrentar las campañas, las presiones y amenazas de los grupos de poder. El error fundamental sería la ingenuidad y la falta de conciencia.
La política en cuestión de armas no debe ser el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo aparentemente imposible.
1 Varios países de América Latina presentan los índices de violencia con armas de fuego más elevados del mundo. Por ejemplo, durante esta década, Colombia ha llegado a presentar una tasa cercana a 50 homicidios con armas de fuego por cada 100,000 habitantes. En el mismo período, El Salvador, Brasil y Venezuela han registrado más de 20 homicidios con armas de fuego por 100,000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un índice de 20 homicidios por 100,000 habitantes es considerado elevado; un nivel de 30 por 100,000 habitantes, alarmante. Fuente: Gun Violence: The Global Crisis (2007). International Action Network on Small Arms (Iansa).
* Sociólogo, investigador del Centro de Estudios sobre América - La Habana, Cubaboris@cea.org.cu
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Información sacada de "Comunidad Segura"
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