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lunes, 22 de diciembre de 2008

El ejército congoleño es el principal proveedor de armas de los grupos rebeldes

Lealtades divididas, corrupción y una total carencia de administración del almacenamiento de armas ha ocasionado que el ejército nacional congolés (FARDC) sea la principal fuente de armas de los dos principales grupos rebeldes armados que luchan uno contra otro en el sangriento conflicto del este de la República Democrática del Congo.
Un grupo de expertos de la ONU que monitorea el embargo de armas en dicho país dio a conocer su más reciente informe el 12 de diciembre. El reporte muestra cómo el ejército congolés ha contravenido el actual embargo de la ONU puesto que ha colaborado ampliamente con el grupo rebelde FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda) durante los enfrentamientos con el CNDP (Congress in Defence of the People) liderado por el General Nkunda. Este último grupo también se ha beneficiando de la falta de ética y disciplina del ejército. En numerosas ocasiones CNDP ha hecho que el ejército salga en retirada y se ha apoderado de grandes cantidades de armas almacenadas. El informe también muestra cómo el conflicto está intrínsecamente ligado a la explotación de minerales de esta región tan rica en recursos.
www.iansa.org

jueves, 11 de diciembre de 2008

Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas en Argentina


Comunicado recibido de la Red Argentina para el Desarme (RAD):

“En lo que va del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones se recibieron, en 344 días, 101.461 armas y aproximadamente 721 mil municiones en las delegaciones del Registro Nacional de Armas, puestos móviles habilitados y en las asociaciones de Tiro de Núñez, Quilmes y Lomas de Zamora.A diez días del término del Plan, la Red Argentina para el Desarme -RAD- se moviliza para convocarlos a ser parte de la propuesta del DESARME. Queremos seguir impulsando y sumando fuerza para plantearle al Estado la cara de un movimiento que nace del dolor para convertirse en fuerza de transformación. Mantener la lucha por la promoción de una sociedad capaz de mediar sus problemas con racionalidad y respeto por los derechos humanos y, en ese marco, trabajar por la concreción de una política de Estado que aborde el problema de la violencia desde la complejidad, requiere, fundamentalmente, exigir respuestas para salir de la coyuntura, lo mediático e inmediato. Pensar las políticas de desarme como una expresión más que enuncia el avance de la democracia sobre las estructuras de poder significa develar los términos estructurales de la violencia. Es pensar en el desarme como una fuerza transformadora de lo público para dar lugar a nuevas culturas emergentes.
Con el objetivo de
-Regular la existencia de armas, su tenencia y uso conforme a lo establecido en la presente ley;
-Mantener un estricto control sobre los materiales, las autorizaciones otorgadas y las actividades permitidas;
-Promover prácticas de prevención de la violencia armada

La RAD pide:
- La pronta aprobación de la prórroga del Plan de Desarme por el Congreso en sesiones ordinarias.
- Un mayor compromiso del Estado en la tarea de sensibilización y promoción de una cultura de paz.
- Una nueva Ley de Armas que tenga como objeto establecer un régimen jurídico tendiente a evitar la innecesaria proliferación y el mal uso de armas de fuego.
- A los efectos de adecuar el funcionamiento del RENAR a lo que se espera del organismo, consideramos imprescindible que se produzca un cambio en su sistema de financiamiento para dotarlo de autarquía, con control externo, de forma tal que las actividades y erogaciones derivadas de la función de control que debe realizar el RENAR dependan exclusivamente del presupuesto público.
- La promoción de requisitos psicológicos mínimos y estandarizados, sobre la base de un protocolo científico elaborado por profesionales idóneos para garantizar el efectivo otorgamiento de permisos de carácter excepcional, sujetos a exhaustivos requisitos y férreos controles, sin vulnerar derechos ni libertades individuales y garantes de las condiciones de seguridad pública donde deben quedar enmarcados.
- Exigimos una estrategia de gobierno orientada a la consecución de políticas de Estado en la materia, orientadoras de una gestión integral y una eficiente administración del problema, superando la atención parcializada que históricamente se le ha dado a la problemática de las armas pequeñas e indicativo de un absoluto desgobierno sobre los aspectos centrales del problema (salud, educación, seguridad, justicia, género, etcétera).
- Abogamos por una política de persecución penal eficaz y en el marco de criterios racionales de definición de política criminal, lo cual presupone descongestionar el sistema de modo de reorientar los esfuerzos hacia las situaciones que requieren especial avocamiento e investigación.”