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sábado, 29 de diciembre de 2007

Vidas minadas


Las minas terrestres antipersona son artefactos explosivos diseñados para herir o matar a personas. En sus inicios fueron empleadas para evitar la desactivación de las minas antitanque y para proteger determinadas zonas estratégicas. Pero se hicieron tan populares, que su uso y producción se generalizaron en todo tipo de conflictos.Una variedad son las bombas de racimo, que al abrirse dispersan una gran cantidad de pequeñas bombas, muchas de las cuales no estallan en el acto.
Arrojadas desde el aire o sembradas sin control, las minas antipersonal pueden permanecer activas indefinidamente. Como su sembrado generalmente no se realiza de manera controlada, no siempre hay información de la cantidad de minas que hay diseminadas ni las áreas minadas, lo cual hace muy compleja y cara la limpieza de las zonas minadas (localizar y destruir cada mina tiene un coste medio de unos 770 euros).Cuando estallan, no distinguen entre civiles o combatientes, niños o trabajadores humanitarios, lo cual hace que provoquen un gran daño en la recuperación posbélica para el futuro desarrollo económico de los países.
Las minas antipersonal están expresamente prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuya misión es reducir al máximo el sufrimiento humano, limitando el tipo y el uso de las armas en un conflicto para evitar sufrimientos innecesarios, proteger a la población civil, a los prisioneros de guerra y a los combatientes heridos.

Para saber más : http://www.vidasminadas.com/castellano/pagina1.htm

miércoles, 26 de diciembre de 2007

Generaciones en riesgo


Gran parte de las más de 500 mil personas muertas por armas de fuego en el mundo todos los años son niños, adolescentes y jóvenes víctimas del crimen organizado, de confrontaciones entre pandillas o de acciones de la policía.

El crecimiento de grupos armados organizados y el aumento progresivo del número de víctimas en la franja de edad de los 15 a los 25 años preocupan comunidades, especialistas y gobiernos del mundo entero.

La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes compilados por las estadísticas de homicidios en ciudades violentas son pobres o miembros de grupos socialmente excluidos, para quien las oportunidades de recreación, educación y empleo son escasas o inexistentes. La acción de las autoridades muchas veces se resume a represión violenta y confinamiento en instituciones que no reeducan, sin dar atención a los traumas psicológicos, sin involucrar a las familias, sin reconocer que son sujetos de derechos.

Los principales desafíos son equilibrar programas de prevención y acciones de represión; rescatar y reintegrar a los chicos y chicas involucrados en la criminalidad; evitar la banalización de la violencia y luchar por los derechos humanos, especialmente por la garantía de los derechos básicos del niño y el adolescente.

En 2005, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) divulgó un comunicado diciendo que las políticas públicas y los programas de prevención para jóvenes involucrados en violencia armada deberían ser vistos “bajo la perspectiva de la seguridad pública y no bajo la óptica de la represión”.

Más que víctimas o agresores, estos jóvenes son los principales atingidos por un contexto social, económico y político que incluye prejuicios de color, raza y clase, falta de atención e inversión del poder público, desigualdad de oportunidades, entre otros factores.

La expresión “Niños y Jóvenes en Violencia Armada Organizada”, cuya sigla en inglés es ‘COAV’, ha sido empleada en los últimos años por especialistas de diversos países que buscan comprender mejor el fenómeno, además de indicar alternativas para resolverlo.

Las soluciones pasan por la creación de políticas públicas de prevención, que aborden tanto las causas cuanto las consecuencias del problema; acciones específicas para limitar la circulación de armas de fuego y proyectos que estimulen una cultura de paz.

Lo invitamos a reflexionar sobre estos temas, participar y proponer debates, colaborar con sus propuestas y cuestionamientos, pues creemos que juntos podemos avanzar tanto en el plano de las ideas cuanto de las acciones, en el camino de la construcción de comunidades seguras.

lunes, 24 de diciembre de 2007

18.000 armas para la paz en Colombia


Artículo publicado por El País el pasado día 15 de diciembre.
Colombia vivió ayer un gran día de reconciliación. La fundición de más de 18.000 armas entregadas tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue la guinda de un proceso de paz que terminó el año pasado. La cita fue en la Siderúrgica Nacional, en la ciudad de Sogamoso, al norte de Bogotá.
Las 25 toneladas de metal en que quedaron convertidas las armas serán trasformadas en esculturas que honrarán la memoria de las víctimas de los paramilitares. El dinero recaudado irá al fondo de reparación.
Frente a frente estuvieron víctimas y verdugos. Las primeros, apretaron los dientes y contuvieron las lágrimas para no llorar; los segundos, pidieron perdón y que no los excluyeran. “Ya nunca más volverán a hacer daño a la humanidad”, comentó un periodista local que hizo de maestro de ceremonias, cuando fusiles, ametralladoras y revólveres desaparecieron en el enorme horno eléctrico. La mayoría, fusiles A-K 47, llegaron a Colombia después de ser usadas en los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
“Hay que inclinar la cabeza de vergüenza. Con estas armas se ha profanado la tierra, el conocimiento, la sabiduría, la vida”, señaló el líder indígena Orlando Gaitán, quien viajó desde las selvas del sur para ser testigo de este momento.
Aunque inicialmente se pensó que algunos de los fusiles podían ser usados por el Ejército, finalmente se desechó la idea porque las armas que se utilizaron para crímenes atroces contra los colombianos no podían pasar a las manos de las fuerzas públicas.
El acto estuvo presidido por José Miguel Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que participó como observador en el proceso de desmovilización de los paras, y uno de los que más insistió en la fundición del armamento.
Eduardo Pizarro, jefe de la Comisión de Víctimas, recordó que “un arma menos, son muchas vidas más”.

viernes, 21 de diciembre de 2007

Japón revisará su ley de armas

TOKYO (AFP) - Japón va a revisar sus leyes sobre control de armas después del tiroteo de la semana pasada en un club deportivo al oeste del país, según declaraciones del Primer Ministro Yasuo Fukuda.
Un hombre abrió fuego el viernes por la noche en un gimnasio privado en Sasebo, en el oeste de Japón, matando a dos personas e hiriendo otras seis. “Sea cual sea el motivo, no debemos permitir que un crimen tal vuelva a ocurrir”, dijo Fukuda a la prensa. “Debe haber algún problema en el uso o en la manera de controla el uso de armas. Debemos reconsiderarlo con detalle”.
El pistolero, Masayoshi Magote, un desempleado de 37 años, disparó diez veces y después tomó como rehenes diez personas antes de huir y posteriormente suicidarse. Las víctimas, un instructor de natación de 26 años y un pescador de 36 años, eran ambos amigos suyos de infancia. El asesino, que tenía permiso para 3 escopetas de caza, tenía en casa 2.500 cartuchos, tres veces más de lo permitido a un cazador.
“Necesitamos reviser este caso”, dijo el jefe de Gabinete, Nobutaka Machimura en una rueda de prensa. “La gente dice que el control de armas en Japón es el más severo del mundo; a pesar de ello consideramos que de ahora en adelante tendrá que ser más estricto.” La ley sólo permite tener sus propias armas a la policia, a los cazadores con licencia y a algunos deportistas. Sin embargo 300.000 rifles están registrados en todo el país.
Japón ha sufrido 54 crímenes con arma de fuego desde enero hasta noviembre, con el resultado de 30 muertes y heridos. En el mismo período, el año pasado se registraron 44 tiroteos. El Parlamento japonés revisó en noviembre las leyes de control sobre armas de fuego, con castigos más severos contra delincuentes por posesión o uso de armas, después de sufrir varios tiroteos provocado por el crimen organizado.
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martes, 18 de diciembre de 2007

El uso de armas en los Territorios Ocupados




Este es un informe de B’tselem, publicado en su página web. B´tselem es el Centro de Información Israelí sobre los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados.
“Desde el inicio de la Intifada, el 29 de septiembre del 2000, hasta el 31 de diciembre de 2006, han muerto 3.944 palestinos en los territorios ocupados por Israel. Entre ellos 809 menores de edad (menores de 18 años). Por lo menos 1.915 de los fallecidos no participaban en combate alguno cuando fueron alcanzados; otros 210 fueron ejecutados como blancos directos seleccionados. Varios millares fueron heridos.
Desde 1967, Israel controla Cisjordania (incluyendo Jerusalén este) y la Franja de Gaza. Como ocupante, Israel tiene la obligación de actuar en estos territorios respetando el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según estas normas internacionales, el uso de la fuerza contra civiles, por parte de Israel, debe limitarse a acciones de mantenimiento del orden, parecido a como actuaría la policía con los ciudadanos israelíes dentro de sus fronteras.
Hasta el inicio de la Intifada al-Aqsa, que empezó en septiembre del 2000, las normas sobre el uso de armas de fuego en los territorios ocupados, se limitaban al mantenimiento del orden y conforme a las leyes penales del Estado de Israel. El uso de fuego real estaba autorizado en tres casos: en primer lugar cuando estaban en una situación en la que peligraba su vida (definido como “real amenaza de perder la vida o de herida grave”). En este caso el disparo a matar estaba autorizado pero solo en el caso de no tener otra opción contra una amenaza. En segundo lugar, el disparo a matar estaba autorizado en disturbios violentos, después de haber utilizado otros medios como balas de goma, granadas ofensivas o gases lacrimógenos y que estos medios no fueran suficientes. En tercer lugar, se podía hacer fuego real cuando había que detener a alguien, pero en este caso podían disparar a las piernas del sospechoso si en este momento estaba cometiendo un crimen grave, y que no hubiera peligro de herir a otros viandantes. A pesar de la existencia de estas normas, ha habido a lo largo de estos años muchos casos de militares israelíes que han matado y herido palestinos inocentes. El motivo principal ha sido el uso indiscriminado de disparos letales en situaciones que no significaban amenaza de muerte para los soldados ni para civiles. Otro motivo ha sido que Israel no ha adquirido material antidisturbios para dispersar manifestaciones violentas, lo que habría reducido drásticamente el número de bajas palestinas.
Israel ha definido la violencia que ha tenido lugar durante la Intifada al-Aqsa como un conflicto armado, en otras palabras, como una guerra. Esta definición ignora la realidad de los Territorios Ocupados donde una parte importante del de la actividad del ejército israelí – dispersar manifestantes, arrestos, restricción de libertad de movimiento – son actividades policiales y de mantenimiento del orden público, y que estaba definido como tal antes de la Intimada. El cambio de definición justificó ostensiblemente cambios en el reglamento sobre el uso de armas de fuego.
Contrariamente a las prácticas anteriores a la Intifada al-Aqsa, el ejército israelí no ha entregado a los soldados el folleto de instrucciones sobre el uso de sus armas de fuego. Sin embargo, según los testimonios de soldados a B´Tselem y de informaciones publicadas en los medios de comunicación, hay muchos ejemplos de cambios en el Reglamento que amplia sustancialmente las situaciones en las que los soldados pueden disparar sus armas. Entre estos ejemplos está la ampliación del término “amenaza de muerte” a casos que no lo eran antes, como el lanzamiento de piedras. Se puede disparar sin previo aviso sobre cualquier palestino que lleve un arma. Los soldados pueden disparar para hacer efectivo toque de queda. Deben igualmente abrir fuego cuando cualquier palestino penetre una zona considerada como “zona peligrosa” como la valla que rodea la Franja de Gaza; el ejército tiene autorizado asesinar palestinos sospechosos de haber atentado contra israelíes. Además de todo esto, pueden usar munición capaz de matar en un radio de acción muy grande. Esta munición va desde bombas de centenares de kilos lanzadas desde aviones, hasta proyectiles compuesto de dardos disparados desde tanques.
Estos cambios en las instrucciones recibidas por los soldados han supuesto la muerte de centenares de palestinos que no tomaban parte en combates. Estas muertes violan el Derecho Internacional Humanitario en su aplicación a un territorio ocupado..
Cuando existen combates en un territorio ocupado, el ejército de ocupación no sólo debe cumplir con las reglas del Derecho Internacional Humanitario, sino también las leyes de la guerra. En este caso el ejército de ocupación puede iniciar ataques sobre personas que tomas parte en las hostilidades, pero con unos límites. Estos límites son de proteger en la medida de sus posibilidades la vida de los civiles que no toman parte en los combates. Las leyes de la guerra establecen dos principios: el de distinción y el de proporcionalidad.
El principio de distinción requiere que los ataques se dirijan a personas que toman partes en las hostilidades y a los objetos que son utilizados con fines militares. Con el fin de cumplir con este principio, las leyes internacionales prohíben que se ataque lugares que no sean un blanco específicamente militar, así como el uso de armamento incapaz de distinguir con suficiente precisión los combatientes de los civiles. El hecho que hayan combatientes entre la población civil no exime de la responsabilidad de protección a los civiles; de la misma manera, si una de las partes no cumple esta regla no autoriza la otra a hacer lo mismo.
El principio de proporcionalidad prohíbe el ataque de un objetivo legítimo si los daños a la población civil va a ser superior a la ventaja militar de dicho ataque.
La aplicación de estos principios por parte de los militares israelíes cuando actúan en zonas pobladas, es complicada ya que es difícil distinguir los combatientes de los civiles. Aún así es necesario cumplir los principios en la medida de las posibilidades. Los ataques deben planificarse teniendo en cuenta esta situación, y deben cancelarse si el número de bajas civiles puede ser excesivo.
Desde el inicio de la intifada al-Aqsa, Israel a violado estas leyes, principalmente en sus incursiones masivas contra ciudades palestinas. Estas violaciones incluyen disparons indiscriminados que han herido a transeúntes, el uso de munición que no distingue entre combatientes y civiles, destrucción de casas y otras propiedades violando el principio de proporcionalidad.
El cambio en la clasificación a el de una guerra ha provocado igualmente cambios en las normas de investigación por la muerte de civiles por parte de soldados israelíes. Antes de la intifada de al-Aqsa, la oficina del Juez General actuaba de oficio ordenando a la Policía Militar la investigación de todos los casos de muerte de civiles palestinos debido a disparos de los soldados. Al considerarse los enfrentamiento como los de una Guerra, se ha modificado esta política. Ahora la oficina del Juez General solo ordena una investigación en contadas ocasiones. Un porcentaje muy pequeño de muerte de civiles palestinos son investigados. Incluso en los casos investigados, un número ínfimo de casos siguieron adelante. Esta nueva política deja a entender a los soldados de que la vida de los palestinos tiene poco valor, y crea un ambiente de inmunidad.”

http://www.btselem.org/english/Firearms/Index.asp

sábado, 15 de diciembre de 2007

Brady Campaign to prevent gun violence


Siguiendo con la presentación de las muchas organizaciones que en el mundo trabajan para un mayor control sobre armas y en su lucha contra la violencia armada, hoy le toca el turno a la “Brady Campaign to prevent gun violence” (Asociación Brady para la prevención de la violencia armada)
James Brady fue ayudante y secretario de prensa del Presidente Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981 el presidente sufrió un atentado en el que tanto él como Brady y dos policías resultaron heridos. A pesar de su herida en la cabeza, siguió en su puesto como secretario de prensa de la presidencia hasta el final del mandato presidencial. Al dejar este puesto, Brady y su mujer decidieron dedicar parte de su tiempo a hacer campaña a favor de unas leyes más severas sobre tenencia de armas.
El 30 de noviembre de 1993, el presidente Clinton firmó la aprobación de la “Ley Brady” – en honor al Sr. Brady – según la cual hay que esperar 5 días antes de permitir la venta de un arma, con el fin de comprobar antecedentes. Sigue James Brady y su mujer participando en distintas campañas tanto por un mayor control sobre armas, como ayuda a organizaciones que intentan reducir la violencia armada a través de la educación, la investigación y la sensibilización.
http://www.bradycampaign.org/
http://www.bradycenter.org/http://www.stategunlaws.org/

miércoles, 12 de diciembre de 2007

La delincuencia armada en España

Para los que ven el problema del tráfico de armas como algo lejano, algo de países pobres, tenemos dos noticias que demuestran que este mismo problema existe entre nosotros.
Hace unos días en las afueras de Madrid unos delincuentes atracaron las cajas de la tienda IKEA de Vallecas, a plena luz del día y con más de dos mil clientes en su interior. Los atracadores no dudaron en disparar sobre la policía. Afortunadamente, a pesar de la cantidad de gente presente, nadie resultó herido en el tiroteo.
Más cerca de nosotros, ayer, en Las Torres de Cotillas, a pocos kilómetros de Murcia, ha sido detenido un delincuente después de un tiroteo con la policía, resultando herido el delincuente. En su casa se han recogido un Kalashnikov (AK-47), 5 pistolas, munición y chalecos antibalas.
El problema del tráfico de armas no conoce fronteras.

martes, 11 de diciembre de 2007

La violencia armada en sudamérica


La violencia armada en Sudamérica ha crecido con los conflictos internos y el tráfico de drogas entre finales de los 70' y todos los 80'. Hoy, las armas de fuego son una de las más dramáticas amenazas a la seguridad pública en la región, frustrando los esfuerzos por lograr el desarrollo, socavando las democracias y el respeto por los derechos humanos.
Aunque Colombia es el único país que tiene un conflicto declarado, la distinción entre la guerra y la paz está desdibujada en el continente. Las inequidades socio-económicas, la corrupción, la brutalidad de las fuerzas de seguridad y el fácil acceso a las armas pequeñas y ligeras han contribuido a que alcance los peores registros de violencia criminal en el mundo, especialmente en las grandes ciudades.La gama de problemas asociados con la proliferación de armas y su uso indebido es evidente: especialmente en Argentina y Brasil. Las poco estrictas regulaciones en otros estados, particularmente en Bolivia y Paraguay, sumadas a los débiles controles de fronteras y al permanente fracaso en la implementación de los instrumentos legales, estimula el tráfico ilícito de armas que son usadas en actividades criminales pero circulan también a todos los ámbitos de la sociedad. Esto lleva a un deterioro de la seguridad pública y paso seguido, un incremento de la demanda de armas.La calidad de la información existente sobre tráfico de armas en la región es escasa y poco transparente, dificultando la cooperación de la sociedad civil en el desarrollo de programas de seguridad pública. A pesar de tener serias implicaciones para la seguridad humana, el tema de las armas de fuego no ocupa un lugar relevante en las agendas políticas. Sin embargo, han surgido iniciativas prometedoras a nivel regional y nacional como campañas para reducir la demanda de armas, acciones de advocacy para mejorar la legislación e investigaciones orientadas a temas como género, victimización, control de arsenales y rutas del tráfico ilícito (especialmente en el cono sur de Sudamérica).En junio del 2001, organizaciones de los países del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) establecieron una red para el control de armas y desarrollaron un sitio web con información y noticias http://www.desarme.org/que facilita la comunicación sobre violencia armada y seguridad humana. Otra red regional, la ARIANSA, ha sido instalada por organizaciones de la Región Andina (Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela).
Fuente de la información : IANSA

lunes, 10 de diciembre de 2007

La masacre de Montréal

El 6 de diciembre de 1989 es una fecha dolorosa para las mujeres del mundo. Ese día, un pistolero solitario, asesinó a 14 mujeres estudiantes de la Escuela Politécnica de Montreal, por el “delito” de ser mujeres. La Campaña de los 16 días de Acción Contra la Violencia hacia las mujeres, agregó esa fecha a su calendario.
La Masacre de Montreal, como hoy se la conoce, ha quedado indeleblemente impresa en la historia, y difícilmente será olvidada por las mujeres que dieciocho años después ven horrorizadas como sus congéneres son asesinadas por sus maridos, amantes o convivientes en lugares tan distintos como Ciudad Juárez, Guatemala, Argentina, Chile, El Salvador, Turquía, España o Rusia, sin que esta racha de muerte sea detenida.
Dos años después de la masacre, un grupo de hombres de Ontario y Québec decidió iniciar una campaña para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Adoptaron como símbolo una cinta blanca. La cinta ya había sido utilizada durante los actos de conmemoración de los asesinatos de las 14 mujeres.
La Campaña del Lazo Blanco reunió en el primer año (1991), a cerca de cien mil hombres de Canadá. Desde entonces esta Campaña se ha extendido a Estados Unidos, Europa y gran parte de América Latina.
Desde el inicio de la llamada “Revolución Silenciosa” de Québec en la década de 1960 del siglo pasado, las mujeres fueron fortaleciendo su presencia en el mundo del trabajo en ocupaciones no tradicionales y puestos de dirección. Entre 1970 y 1980, un creciente número de mujeres ingresó a la Escuela Politécnica de la Universidad de Montreal. Si bien una mayoría de hombres aceptó y dio la bienvenida a estas transformaciones, una minoría se sintió en desventaja y no tardó en reaccionar.
Uno de esos descontentos fue Marc Lèpine, sobreviviente de un abuso infantil quien fue descrito por conocidos como un hombre solitario y voluble. Marc había intentado sin éxito ingresar a las Fuerzas Armadas Canadienses. También fracasó en su deseo de estudiar en la Escuela Politécnica. Al ser rechazado por la Escuela, culpó directamente a las políticas de “acción afirmativa” promovidas principalmente por las feministas.
En la carta que dejó sobre su cuerpo, el asesino de 25 años expresó una exacerbada misoginia:
“Por favor, tomen nota de que si estoy cometiendo suicidio, hoy no es por razones económicas, sino por razones políticas. Por eso he decidido mandar Ad Patres (a los padres) a las feministas que han arruinado mi vida. Las feministas siempre han tenido el talento de irritarme. Ellas quieren retener las ventajas de ser mujer, mientras tratan de arrebatar aquellas de los hombres. Son muy oportunistas ya que descuidan el provecho del conocimiento acumulado por el hombre a través de los años. Siempre tratan de sub-representarlos cada vez que pueden…”.
La carta estaba acompañada de una lista de 19 prominentes mujeres de Québec que desempeñaban puestos de dirección, o estaban en oficios no tradicionales, como la primera mujer bombera de la provincia y la capitana de policía. Al final de esta lista, Lèpine escribió: “¡Estas mujeres morirán aproximadamente hoy. La falta de tiempo (puesto que empecé muy tarde) ha permitido a estas feministas radicales sobrevivir!”.
La primera reacción frente a esta espantosa masacre, partió de las autoridades municipales y provinciales que declararon tres días de duelo, la bandera del parlamento canadiense ondeó a media asta y fueron encendidas velas para actos de vigilia en todo el país. La violencia sexista dejaba de ser un problema exclusivo del movimiento feminista para instalarse en la conciencia de todo el país.
“Este suceso me marcó enormemente”, diría Noemí Klein, famosa escritora y periodista canadiense conocida por sus aportes teóricos y su activa militancia en el movimiento anti-globalización. “Por supuesto que después de esa matanza una debía llamarse a sí misma feminista”.
Otras mujeres decidieron ir más allá de las palabras para actuar, como Judy Rebick que decidió fundar el Comité de Acción Nacional para el Estatus de la Mujer. Fundamentando esta iniciativa declaró: “Si él (Lèpine) hubiera matado 14 judíos, hubiera sido visto como un desequilibrado, pero también como antisemita”. Esta fue su respuesta frente a los argumentos de una parte de la opinión pública que calificó a Lèpine de “loco”.
Sin embargo, este argumento ya había sido desvirtuado por el mismo asesino que en su nota suicida escribió “Aunque el epíteto de Asesino Enfermo me será atribuido por los medios, me considero una persona erudita y racional que sólo la llegada de la Muerte ha forzado para cometer actos extremos”.

Fuente: http://www.iansa.org/mujeres/isis-chile-dossier-16-dias-2007.doc

Ahora también en centros religiosos

WASHINGTON.- El autor del tiroteo en una iglesia de Colorado Springs fue abatido por uno de los agentes de seguridad que custodiaba la congregación, según desveló el jefe de la policía de la ciudad, Richard Myers.
El policía dijo también, en rueda de prensa, que el autor de los disparos alcanzó a varias personas desde el aparcamiento de la Iglesia de la Nueva Vida, en Colorado Springs. Al parecer, disparó contra los feligreses que salían del servicio religioso, antes de ser abatido hasta morir. De las víctimas, una ha muerto y otras tres resultaron heridas, si bien ninguna de ellas corre peligro.
Esta congregación es una de las mayores del Estado de Colorado, con unos 10.000 feligreses, y fue fundada por el reverendo Ted Haggard, que fue despedido el año pasado por 'inmoralidad sexual', después de que un hombre revelase que mantuvo sexo con él durante tres años a cambio de dinero.
Este suceso ocurrió doce horas después, y a unos 100 kilómetros de distancia de otro incidente similar. Un hombre armando irrumpió primero en un inmueble dedicado a la formación de misioneros en Denver (Colorado) y abrió fuego contra varios de los ocupantes, lo que causó la muerte de dos empleados e hirió a varios.
Este incidente, según fuentes policiales, ocurrió en torno a la medianoche, y por el momento no se ha producido ninguna detención, aunque se sabe que se trata de un hombre blanco, de unos 20 años, que iba vestido con una chaqueta oscura y capucha.
Tras el tiroteo, el centro 'Jóvenes con una Misión' fue evacuado. El hombre causó heridas a cuatro jóvenes, dos de los cuales fallecieron, Tiffany Jonhson, de 26 años, y Phillip Kronse, de 24 años. Los otros dos permanecen hospitalizados, con heridas de gravedad.
Unas 45 personas se encontraban en el edificio cuando ocurrió el suceso. Se trata de un centro que acoge a docenas de jóvenes de distintas partes del mundo que se preparan para ser misioneros cristianos, según la CNN.
EEUU ha sido esta misma semana escenario de otra matanza. Un joven de 19 años mató el miércoles a ocho personas en un centro comercial de Nebraska y después se suicidó.

Fuente: elmundo.es

jueves, 6 de diciembre de 2007

Plan de prevención de la violencia en Medellín


El Plan para la Prevención de la Violencia a través del Desestímulo al Porte y Tenencia de Armas en Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá (Colombia – Sur América), Plan para el Desarme Ciudadano, “Un arma menos son muchas vidas más", es un programa dirigido a la población civil.
Nace a finales del 2004 mediante convenio entre la Alcaldía de Medellín, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
Las administraciones municipales, los concejos municipales, la policía metropolitana, la iglesia católica, las instituciones educativas, los jóvenes, las ONG´s y la comunidad en general han participado como actores claves para el logro de estos propósitos comunes.
Por consiguiente, buscamos que la sociedad comprenda el desarme como una forma de contribuir a moderar las expresiones de violencia. Si el desarme es producto de una decisión individual lo suficientemente razonada se habrá logrado un cambio cultural y un nivel de comprensión social de la convivencia mucho más positivo para construir ciudadanía.
Por lo tanto, el Plan Desarme, ha sido diseñado como un conjunto de estrategias con alto contenido pedagógico y profundo valor simbólico, dirigidas a promover el desarme, para con ello reducir el riesgo de homicidios o accidentes letales y contribuir a la construcción y fortalecimiento del tejido social.
En este sentido, no es posible pensar en actividades aisladas, es necesario pensar en procesos que en el tiempo permitan el logro de los siguientes propósitos:
Hacer pública la conexión entre armas y violencia y, desde allí, promover en diferentes ámbitos y con el mayor número posible de actores involucrados el debate sobre esta problemática, en especial sobre las alternativas de solución a partir de propuestas de construcción colectiva.
Disminuir la intención del ciudadano de portar y tener armas, a partir de procesos pedagógicos y comunicacionales que logren modificar la concepción del arma como elemento de seguridad y la muestren en su dimensión real, como un riesgo individual y social.
Promover espacios simbólicos para que los ciudadanos expresen su deseo y disposición de no portar ni tener armas, así como espacios dotados de las herramientas necesarias para la entrega voluntaria de armas por parte de la ciudadanía.
Favorecer el trabajo interinstitucional en los ámbitos local y metropolitano que permita fortalecer y mejorar las acciones orientadas al control de la tenencia y porte de armas por parte de los ciudadanos.
Contribuir a aumentar la credibilidad en el Estado como el único y legítimo portador de las armas y como garante de la preservación de la existencia humana.
Para el 2007, el Plan Desarme para Medellín y el Área metropolitana es aprobado como política pública por el Concejo de Medellín en en el acuerdo municipal 06 de 2007 donde se cita "Por el cual se establece el Plan Desarme en Medellín como política pública de prevención de la violencia a través del desestímulo al porte, uso y tenencia de armas."

COMPONENTES
Para lograr estos propósitos, el Plan Desarme ha definido para su implementación unos componentes en los que se contempla la realización de actividades, que siendo muy específicas para el cumplimiento de un objetivo particular, son igualmente articuladas y complementarias entre sí. Estos son:
Componente Pedagógico
Desarrollar procesos formativos, simbólicos y estrategias comunicacionales orientadas a generar, por un lado, convicción y cambios de actitud en los padres, niños y jóvenes, que logren contrarrestar el deseo bélico y el comportamiento agresivo y, por otro, la censura de la ciudadanía al porte de armas. Estrategias
Procesos pedagógicos en escuelas, colegios y universidades.
Eventos públicos de destrucción de armas como prevención en la recirculación de las mismas.
Promoción y realización de eventos y espacios que estimulen la entrega voluntaria de armas.
Eventos y espacios simbólicos para el intercambio de juguetes bélicos por elementos de paz y convivencia. Encuentros locales y metropolitanos de juventud.
Campaña comunicacional, cara a cara, grupal y en medios masivos. Debates públicos sobre el tema de la violencia y las armas.
Componente de participación social y gestión públicaArticular y apoyar procesos sociales e institucionales de carácter local, metropolitanos, nacional e internacional que permitan fortalecer y mejorar las acciones orientadas al desestimulo y al control del porte y tenencia de armas por parte de los ciudadanos. Estrategias
Generación de políticas públicas entorno al desarme.
Dinamización y apoyo a iniciativas ciudadanas sobre desarme.
Promoción de cooperación y articulación financiera e interinstitucional a nivel internacional, nacional y local.
Promoción de proyectos de investigación sobre el desarme.
Componente policivoContribuir a aumentar la gobernabilidad y credibilidad en el Estado como el único y legítimo portador de las armas y como garante de la preservación de la existencia humana.Estrategias
Vinculación de la Policía Metropolitana, Policía Comunitaria y Policía de menores en cada una de las estrategias emprendidas.
Operativos de incautación y decomiso de armas ilegales.
Apoyo y coordinación interinstitucional para aplicar las medidas de control y restricción al porte y tenencia de armas con los organismos de seguridad del estado.
Medidas locales y metropolitanas para la restricción al porte de armas.
Medidas y acciones interinstitucionales de operativos especiales.
Fortalecimiento y creación de base social para la gestión y sostenibilidad de proyectos de desarme.

Ahora en Nebraska


De nuevo nos vemos sobresaltados por una matanza cometida por un joven sin motivo aparente. Esta vez es en un Centro Comercial en Estados Unidos. Ya habréis leído y oído la noticia de sobra desde anoche, por lo que no voy a repetirla. En cambio voy a repetir de nuevo que si las armas no fueran tan fáciles de conseguir, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, probablemente no estaríamos lamentando la muerte de 9 personas además de muchos heridos. Por ello no debemos relajar el esfuerzo a favor de la campaña ARMAS BAJO CONTROL (http://www.controlarms.org/es/).

martes, 4 de diciembre de 2007

Desarme y justicia en África


Después de años de guerra, centenares de excombatientes de milicias locales salen de los bosques del Ituri, provincia lejana del noroeste de la República Democrática del Congo (RDC). “El tiempo de guerra ha pasado. Ahora es el momento de reconstruir nuestro país.” Afirma el coronel Mathieu Ngujolo, en el momento en que los miembros de su milicia entregaban sus armas en el pueblo de Kobe.
En la última fase del programa de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de la RDC, 4.500 miembros de tres de las milicias del Ituri (que han firmado un acuerdo con el gobierno) están a punto de abandonar las armas. Se unirán a más de 100.000 combatientes de otras fracciones que han vuelto a la vida civil o se integrarán en el nuevo ejército nacional según los acuerdos de paz antes mencionados. Una docena de procesos han empezado en el país para juzgar los congoleses acusados de crímenes de guerra. Uno de los principales jefes de milicias del Ituri, Thomas Lubanga está siendo juzgado en la actualidad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con el apoyo de Naciones Unidas. Sin embargo el número total de responsables detenidos es bajo en un país donde se estima que 3 o 4 millones de personas, mayoritariamente civiles, han muerto en una década de conflictos. Y como sus predecesores desmovilizados, es probable que pocos milicianos del Ituri sean llevados ante los tribunales por los crímenes que puedan haber cometido durante la guerra.
Numerosos habitantes del Ituri se conforman por ahora con el restablecimiento de la paz. John Tibamwenda, jefe de distrito de Bunia, la capital de la provincia, comentó durante la ceremonia de desmovilización y desarme: “Hemos pasado una guerra. Hemos perdido nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas. Hemos sufrido las peores atrocidades. Ya es hora ahora de pasar página.”
Sin embargo, en RDC como en otros países africanos que salen de una guerra, muchos se preguntan si la paz debe ser restablecida a expensas de la justicia. ¿El desarme y la desmovilización significan acaso la impunidad de los autores de pillajes, violaciones y asesinatos que han aterrorizado las poblaciones? ¿Acaso se espera que las comunidades que han sido sus víctimas les acojan de vuelta? Por otro lado, ¿acaso una persecución más severa contra los autores de las peores atrocidades pondrían en peligro los esfuerzos para conseguir la paz, como piensan algunos mediadores y analistas? ¿Dudarían entonces los combatientes en abandonar las armas?
Los participantes de la segunda conferencia internacional sobre desarme, desmovilización y reinserción así como la estabilidad en África, que ha tenido lugar en Kinshasa del 12 al 14 de junio 2007, han debatido todas estas cuestiones. Organizada por el Gobierno Congoleño y por la Oficina del Consejero especial para África de la ONU, esta reunión ha juntado expertos y organizadores de l programa de DDR de toda África. A pesar de que numerosos procesos de paz en África, están sometidos a algún tipo de operación de DDR, los procesos judiciales contra los autores de crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos tienden a retrasarse, según Alpha Fall, asociado principal del Centro Internacional para la justicia de transición (CIJT), una ONG de New York. El Sr. Fall señala que este retraso es debido en parte al hecho que el desarme y la desmovilización son considerados como prioridades inmediatas para la seguridad, mientras que los mecanismos de “justicia transicional” necesitan más tiempo para ponerlos en funcionamiento, sobre todo en países arrasados por la guerra, que tienen una débil estructura judicial y necesidades más urgentes.
(El término “justicia transicional” es utilizado por numerosos defensores de los derechos humanos para referirse a las medidas tomadas en el transcurso de un período de transición al finalizar una guerra o al final de una dictadura).
Este retraso es también debido a diferentes objetivos de programas de DDR y de la justicia transicional. “Los programas de DDR afectan a los combatientes, mientras qwue la justicia transicional se concentra en sus víctimas. Además estos grupos distintos tienen ellos mismos objetivos dispares: las víctimas buscan responsabilidades. Los excombatientes intetan minimizar o reducir sus responsabilidades. Sin embarogo”, añade el Sr.Fall, “los programas de DDR y la justicia transicional tienen metas comunes a largo plazo: restaurar un estado de derecho, restablecer la confianza, prevenir nuevas violencias y reconciliar las comunidades. Una mayor coordinación entre los dos procesos deberían contribuir a hacer que adelanten, reduciendo al mínimo los compromisos y las tensiones que prodrían manifestarse.
¿Amnistía o persecusión ?
La amnistía es la cuestión que suscita mayor controversia. La proclamaciónde amnistías han sido frecuentes en el marco de los acuerdos de paz conseguidos en África, en América Latina y demás sitios; su objetivo a menudo ha sido el incitar a las facciones en conflicto a participar en el proceso de paz. En África del Sur, al finalizar el Apartheid en 1994, se ofreció la amnistía a los que confesaran públicamente sus crímenes.
En los últimos años de guerra civil en Argelia, las ofertas de amnistía realizadas individualmente a los insurrectos por parte del gobierno consiguieron que millares de aquellos depusieran las armas. De la misma manera, la amnistía ha figurado de una manera u otra en los acuerdos de paz firmados en Sierra Leone, Libéria, RDC y otros países. Uganda adoptó en el 2000 una ley de amnistía que garantizaba a los que renunciara a la violencia, una serie de medidas de reinserción y la promesa de no ser perseguidos judicialmente. En diciembre 2006, cerca de 21.000 miembros de media docena de grupos rebeldes decidieron aceptar la propuesta, entre ellos 15.ooo combatientes del Lord Resistance Army (LRA), el grupo que durante años ha devastado el país y ha provocado desplazamientos masivos de la población en el norte de Uganda. En las comunidades donde la violencia ha disminuido drásticamente, muchos consideran la amnistía como una herramienta importante para restablecer la paz y encontrar los niños que habían sido secuestrados por los rebeldes.
Sin embargo, los militantes de los derechos humanos estiman que el no perseguir a los que cometieron las peores atrocidades significa ignorar los sufrimientos de sus víctimas, y perjudicar a largo plazo la reconciliación y perpetuar una cultura de impunidad. Señalan también que según el derecho internacional, no puede haber amnistía por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
En un acuerdo de paz inicial concluido en 1999 en Sierra Leona, los negociadores habían aceptado una amnistía general para todas las facciones y todos los combatientes. Pero apoyándose sobre el derecho internacional, la ONU desaprobó las disposiciones de esta amnistía. El acuerdo de paz al que se llegó más tarde tuvo una amnistía limitada, pero también estableció una Comisión de Verdad y Reconciliación con el fin de recoger información sobre las atrocidades cometidas y la creación de un Tribunal especial para Sierra Leona para juzgar algunos de los principales responsables.
Es probable que las amenazas de persecución puede complicar los esfuerzos de desmovilización. Un estudio del CIJT sobre Sierra Leona señala el caso de un representante del Tribunal especial al que no autorizaron a entrar en el campamento de desmovilización porque sus responsables temían que los excombatientes abandonaran el programa de DDR.
En la vecina Liberia, algunos combatientes dudaron en participar en el proceso de paz porque temían caer bajo la jurisdicción del Tribunal especial para Sierra Leona. (El expresidente de Liberia Charles Taylor debe actualmente responder ante el tribunal sobre el papel que tuvo en la guerra civil en Sierra Leona)
En la práctica, los negociadores para la paz y los organizadores del programa de DDR han intentado llegar a un equilibrio. En RDC, explica Daniel Kawata, Coordinador General de la Comisión DDR, todos los jefes de milicia sospechosos de “crímenes y delitos graves” han sido detenidos. Pero el número de estos arrestos ha sido limitado para “no perder la posibilidad de desmovilizar a todos los demás”, declaró a Afrique Renouveau en 2005.
Cuando, hace varios años, el CPI anunció que abría una encuesta sobre los crímenes de guerra cometidos en el Norte de Uganda por el LRA, empezó un gran debate. Algunas comunidades locales enviaron delegaciones a La Haya para informar que las inculpaciones podían amenazar los esfuerzos de paz. El juez Peter Anega, Presidente de la Comisión de Amnistía, cuenta que dijo al CPI “que estas órdenes de arresto, en cuanto se emitan, no facilitarían el proceso de paz”. Unas inculpaciones, explicó a Afrique Renouveau, durante la conferencia de Kinshasa podría llevar los combatientes del LRA a temer ser juzgados si salían del bosque.
La CPI ha retrasado estas órdenes, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito de las conversaciones. Pero en octubre 2005, dio las órdenes de arresto para el Sr. Pony y varios jefes del LRA. Sin embargo, los temores inicialmente expresados, las conversaciones entre el LRA y los intermediarios ugandés en la ciudad de Juba en Sudán no fueron comprometidos.
Actualmente, se está viendo la posibilidad de evitar un proceso internacional que permita a los tribunales ugandeses juzgar al Sr. Pony y los demás acusados con las mismas acusaciones que las utilizadas contra ellos por el CPI. “El Gobierno Ugandés tiene el deber de poner en funcionamiento las leyes necesarias para que realice un proceso que sea aceptable para el CPI.” Falta ver si los jefes del LRA aceptarán someterse a un tribunal ugandés.
Con el fin de aunar el deseo de paz y la justicia de los Africanos, una mesa redonda temática sobre justicia transicional organizada durante la Conferencia DDR de Kinshasa ha propuesto que los negociadores de acuerdos de paz eviten proponer amnistía generalizadas. También se ha recomendado llevar adelante los procesos con imparcialidad, para que no de la impresión que la justicia se hace exclusivamente en interés de los “vencedores”.
Los procesos debidamente llevados por tribunales nacionales o internacionales no son los únicos medios para poder rendir cuentas. Se han recomendado que los países que tienen una comisión de verdad y reconciliación animen a los excombatientes a participar.
Los participantes de la Conferencia citan el ejemplo de Ruanda que está instruyendo varios centenares de miles de expedientes relacionados con el genocidio de 1994. Inspirado en asambleas de aldeas tradicionales, tribunales gacaca locales permiten a los aldeanos confrontarse directamente a los que son acusados de atrocidades. A veces, los sospechosos se confiesan y piden perdón por sus actos. Pueden ser perdonados o condenados, incluso a trabajos de interés general.
Los casos más graves son llevados a los tribunales ordinarios. El Sr. Fall señala que el compromiso del gobierno ruandés para llevar a cabo estos procesos no parecen haber perjudicado los esfuerzos de reinserción de los excombatientes, de los que 54.000 ya han entregado sus armas desde 1995.
En Uganda, numerosos amnistiados han participado también en rituales tradicionales conocidos como timo-kica o mato oput (perdón y reconciliación) durante los cuales reconocen públicamente cierta responsabilidad por actuaciones pasadas. “Una vez realizado el ritual”, explica el Sr. Anega, “esta persona es aceptada de nuevo en la comunidad y que toda animosidad hacia él termine.”
En general, los participantes en la Conferencia de Kinshasa han propuesto que los programas de DDR presten más atención a los necesidades de las comunidades que acogen los excombatientes. En Ituri, los antiguos combatientes de las milicias reciben cada uno 100 dólares, además de un paquete con cazos, zapatos, una radio, tela y otras necesidades. Li los aldeanos más pobres no reciben ellos también una ayuda para reconstruir su vida, esta desigualdad podría entonces provocar el resentimiento y dar la impresión que los excombatientes son “recompensados” por su violencia pasada.
Unas reparaciones hacia las víctimas de las atrocidades pasadas pueden igualmente contribuir a mejorar la actitud hacia los excombatientes, afirma Sr. Fall.
Finalmente, los enjuiciamientos pueden también contribuir a la reconciliación a largo plazo, concluye el Sr. Fall. “Puede incrementar, después, las posibilidades de que restablezca la confianza entre excombatientes y las comunidades en las que eligen reinsertarse”

Fuente: “Afrique Renouveau”
http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol21no3/213-desarmement.html

domingo, 2 de diciembre de 2007

Campaña de la Red Argentina para el Desarme


Os traslado una interesante iniciativa realizada por la Red Argentina para el Desarme (RAD) que ha hecho una campaña con unas cuñas radiofónicas que podrían servir de ejemplo para la campaña “Armas bajo Control”.

“La Red Argentina para el Desarme (RAD) es una red constituida por un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para la prevención de la violencia armada con la certeza de que las armas de fuego en posesión de particulares agravan la situación de violencia que afecta a la sociedad en general.Es por esto que junto con el Centro de Producciones Radiofónicas, elaboraron la campaña ¡Basta de Armas! Decile NO a la violencia, decile NO a las armas, en pos de concientizar a la sociedad sobre la problemática de las armas. Esta campaña consta de una serie de piezas radiofónicas que intentan llamar la atención sobre el peligro y el nivel de violencia que genera la tenencia de armas de fuego por parte de civiles. El Centro de Producciones Radiofónicas es una es una productora alternativa de contenidos radiofónicos al servicio de las radios comunitarias, alternativas, universitarias y populares.
Desarmar es construir: Un informe en el que se comentan los problemas que en el mundo acarrean las armas de fuego. Respaldado con estadísticas, datos, entrevistas a especialistas. Contiene también teatralizaciones de situaciones cotidianas y música.
Ladrones: situación teatralizada donde se ve cómo la tenencia de armas legales alimenta el mercado negro y cómo la presencia de armas en robos, aumenta las probabilidades de una tragedia.
Pareja: situación teatralizada donde se muestra el peligro que reviste la presencia de un arma en los conflictos de pareja.
Niños: situación teatralizada que muestra el peligro que es tener un arma en una casa con niños.
Auto: situación teatralizada que muestra la problemática de la presencia de armas de fuego en los conflictos interpersonales banales.
Conflictos cotidianos: una estadística, un slogan y más información.
Muertes por día: una estadística, un slogan y más información.
Muertes por año: una estadística, un slogan y más información.
Estadística matrimonial: una estadística, un slogan y más información.
Informe armas: informe sobre la problemática de las armas, con estadísticas, y entrevistas.
Situación en América Latina: informe sobre la situación de las armas en América Latina, y en cada país en particular.
Informe CLAVE: informe sobre la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada.
Las armas matan: spot de la campaña Basta de Armas.
Un arma, un problema: spot de la campaña Basta de Armas.
Decile no a la violencia: spot de la campaña Basta de Armas.”

Descargar campaña - ¡Basta de Armas!
http://www.ceppas.org/cpr/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=29

SAFERWORLD


Saferworld es una organización no-gubernamental independiente que centra su trabajo en la prevención de la violencia armada y en crear comunidades más seguras para que la gente pueda vivir de manera pacífica y provechosa.
Realizamos este trabajo mediante investigación, sensibilización y entrenamiento, trabajando con colaboradores a todos los niveles, desde las comunidades hasta gobiernos.
Creemos en trabajar con otras personas para obtener objetivos comunes. Nuestra meta es facilitar a nuestros colaboradores locales los conocimientos suficientes para que sean efectivos y sostenibles.
Establecidos desde 1989, trabajamos en África, Asia y Europa. Tenemos personal en nuestras oficinas de Londres y Nairobi, y en todas las regiones en las que trabajamos.
Nuestra financiación proviene de diversos donantes, que incluyen gobiernos, la Comisión Europea, fundaciones así como personas físicas.

¿Como trabajamos en la prevención de la violencia armada?
Desarrollamos nuestro trabajo para conseguir unas comunidades más seguras en lugares afectados por el crimen violento, conflictos y la consecuencia del uso de armas ligeras y pequeñas. Lo realizamos mediante investigación, sensibilización y apoyo técnico a gobiernos y su sociedad civil.
Nos centramos en los puntos siguientes:
1) Armas pequeñas y ligeras
La gran cantidad de armas ligeras y pequeñas existente sirve para mantener conflictos violentos y para socavar el desarrollo. Trabajamos para controlar el tráfico de armas pequeñas en determinados países y regiones.

2) Control de transferencia de armas:
Las exportaciones irresponsables de armas tienen un grave impacto humano y puede contribuir a una represión interna, a frenar el desarrollo y a facilitar los abusos de los Derechos Humanos. Promocionamos actuaciones que permiten comprobar que la exportación de armas no acabe en manos equivocadas.

3) Desarrollo sensible a los conflictos:
El trabajo para el desarrollo necesita adaptarse a los riesgos allí donde se realiza. Nos aseguramos que los programas de desarrollo tengan en cuenta la problemática local y que promuevan el desarrollo por la paz.

4) Mejora del sector seguridad y de la justicia
Para que las comunidades locales estén seguras, necesitan seguridad y acceso a la justicia.. Ayudamos a que se desarrollen iniciativas para conseguirlo y que sean efectivas. Así mismo trabajamos también para conseguir una reforma del sistema de seguridad.

5) Sensibilización internacional:
Usando las lecciones aprendidas de nuestros programas, desarrollamos propuestas que influyan sobre los grandes actores internacionales. Esto permite un mayor acceso a la seguridad para gente de todo el mundo.

6) Entrenamiento:
Con el fin de reforzar la capacidad de las comunidades, de las ONG y de los donantes internacionales, hemos desarrollado recursos y sistemas de entrenamiento sobre conflictos, desarrollo y temas de seguridad.

sábado, 1 de diciembre de 2007

Estadísticas de noviembre de este blog

Teniendo en cuenta que el blog inició su andadura a mediados de mes y partiendo de cero, no están malas las estadísticas:
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jueves, 29 de noviembre de 2007

El Salvador: Municipios libres de armas


De enero de 2005 a enero de 2007, se implementó el proyecto “Municipios Libres de Armas” en las localidades de San Martín e Ilopango, en la área metropolitana de la capital San Salvador. El proyecto tuvo como objetivo incrementar los niveles de desarrollo humano de estas localidades, a través de la reducción de la violencia armada mediante una experiencia de control de la circulación de las armas de fuego en ambos municipios.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) ejecutó este proyecto con el apoyo del Programa Sociedad Sin Violencia del PNUD El Salvador y con fondos del Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) de PNUD y Save the Chindren-Suecia. En coordinación con las Alcaldías Municipales y Subdelegaciones Policiales de San Martín e Ilopango, el Ministerio de Gobernación y la Cancillería, el proyecto ha avanzado en la aprobación sendas ordenanzas municipales, el incremento de la fiscalización policial de armas de fuego y la participación de las comunidades.

Contexto

En El Salvador circulan unas 450.000 armas de fuego, el 60 por ciento ilegales, según el estudio “Armas de fuego y violencia” de PNUD El Salvador. El país tiene una tasa de 59.9 homicidios por cada cien mil habitantes en 2005, casi el 80 por ciento cometidos por armas de fuego. La mayoría de personas asesinadas fueron hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. La percepción de inseguridad también va en aumento, según una encuesta del periódico La Prensa Gráfica y ya se ha constituido en la principal preocupación de la ciudadanía, por encima incluso de la situación económica.

La violencia está imponiendo, además, un elevado costo a El Salvador, De acuerdo con las estimaciones efectuadas en ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador? , el costo de la violencia supone el 11.5% del PIB, un monto aproximado de unos US$1,723 millones. Este costo equivale a casi el triple del monto de recursos que se necesitarían para garantizar cobertura universal en servicios sociales básicos a la población salvadoreña, los cuales se estimaban en 4.3% del PIB en el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003.

Para el caso concreto de las armas de fuego, un estudio realizado en 2003 por la asociación MESARES el Hospital Nacional Rosales utilizó el 11.27% de su presupuesto anual (US$ 1,945,339.00) para la atención de pacientes con heridas por arma de fuego. Esta suma podría cubrir el funcionamiento de un hospital departamental por un año .

Componentes del proyecto

La estrategia de intervención de esta experiencia piloto se organizó en torno a cinco ejes. El primer componente fue la prohibición municipal, mediante ordenanzas, de la portación de armas en espacios públicos de los dos municipios. El segundo componente buscó aumentar la fiscalización policial referente a las armas. Para ello, la Policía Nacional Civil, en coordinación con los Cuerpos de Agentes Municipales, fortaleció el control de las armas de fuego, mediante la aplicación de las ordenanzas municipales y de la ley de armas. Un tercer eje del proyecto fue la producción y difusión de una campaña de opinión pública en los medios de comunicación masiva y alternativos de cobertura local y nacional, que divulguase mensajes a favor de la no portación de armas. Esta campaña se acompañó de la realización de actividades municipales con los actores estratégicos que contribuirían a sensibilizar a los ciudadanos sobre los peligros del arma de fuego y la conveniencia de restringir su uso.

Una investigación sobre el impacto del proyecto en el desarrollo humano en el ámbito municipal, que permitió medir el impacto del proyecto en la violencia armada y demostrar la importancia de las medidas implementadas para reducir este tipo violencia, la recolección de armas de fuego entregadas voluntariamente y la promoción de las experiencias municipales completaron los ejes estratégicos de este proyecto.

Logros alcanzados

1.- Ordenanza municipal

Luego de obtener el acuerdo de los Concejos Municipales de San Martín e Ilopango para involucrarse activamente en el desarrollo del proyecto, se realizó en abril de 2005 un diagnóstico de carácter jurídico que estableció la factibilidad de promulgar ordenanzas municipales para prohibir la portación de armas de fuego y armas blancas en espacios públicos, de manera que resulten armónicas y coherentes con el resto del ordenamiento constitucional y legislativo en la materia.

A partir de este análisis y de las consultas generadas con diferentes actores locales (Alcaldías, PNC, Jueces, Fiscalía, Iglesia, etc.), los Gobiernos Locales de San Martín e Ilopango emitieron ordenanzas municipales el 15 de Agosto y el 31 de noviembre, respectivamente, las cuales restringen la portación de armas de fuego en 62 espacios municipales de las zonas de mayor riesgo (parques, zonas verdes, mercados, terminales de buses y microbuses), donde ocurre el mayor número de delitos a mano armada.

Para dar a conocer la normativa a los habitantes de los municipios se diseñó un plan de promoción que se implementó en San Martín desde el 31 de octubre, día en que fue publicada en el Diario Oficial la Ordenanza Municipal. Para ello, se realizaron 30 tardes culturales y se distribuyeron 7,000 hojas volantes en diferentes actividades como la fiesta patronal, actividades artísticas, etc. Durante el mismo período la Alcaldía instaló 25 señales en lugares públicos donde se prohíben la portación de armas de fuego según lo establecido en la ordenanza municipal.

2.- Aumento de la fiscalización policial

En el mes de marzo de 2005, las Subdelegaciones de la PNC de San Martín e Ilopango y de la División de Armas y Explosivos (DAE) elaboraron un diagnóstico sobre la situación de la delincuencia de ambos municipios, con el propósito de diseñar un plan de fiscalización orientado a incrementar el control de las armas de fuego en las zonas de mayor riesgo.

El diagnóstico permitió priorizar 17 zonas de alto riesgo donde ocurren el 50% de los delitos con armas de fuego; identificar las características de las víctimas por armas de fuego (el 40% son hombres jóvenes menores de 25 años, específicamente por los delitos de homicidios, lesiones y robos de vehículos); e identificar también que circulan legalmente más de 4,000 armas de fuego en ambos municipios.

A partir de estos resultados, la Policía Nacional Civil elaboró planes de fiscalización que incluyen a) la formación de 200 agentes de la PNC en los procedimientos sobre requisa personal y decomisos de armas de fuego, b) el aumento del control de la portación de armas por particulares en espacios públicos y privados, y c) el seguimiento de 1,900 matrículas de armas de fuego vencidas.

Producto del plan de fiscalización, en los meses de noviembre y diciembre las Subdelegaciones policiales verificaron 450 matriculas de armas vencidas y decomisaron 50 armas de fuego en calles, parques y canchas. Asimismo, desde la implementación de esta iniciativa, la PNC decomisó mensualmente el doble de las armas de fuego que en 2004 y alcanzó un control más efectivo de las matrículas vencidas.

3.- Campaña de comunicación

Con el lema “San Martín Vivo, é Ilopango Vivo, Libres de armas”, la campaña pretendió sembrar inquietudes y respuestas sobre el tema de la violencia armada, y generar un impacto inmediato y positivo en la población para estimular un cambio de actitud frente a esa problemática. Con mensajes del estilo “¿Cómo desarmamos la violencia de un pueblo? Armándolo de respeto, participación y vida se ha buscado sensibilizar a la población en general, difundiendo los mensajes a través de los principales periódicos nacionales, las 10 radios estatales de mayor audiencia y mediante la colocación de publicidad en 12 unidades de transporte público en ambos municipios.

De manera simultanea se trabajó con grupos estratégicos tales como las Alcaldías Municipales, la PNC, los líderes comunitarios y juveniles en la organización y realización de las actividades de sensibilización mediante la realización de eventos de convivencia (cultural, ciclo vía, etc.) para promover los mensajes de la campaña.

Asimismo, en el mes de octubre de 2005, se firmó un acuerdo de cooperación con Save The Children Suecia cuyo objetivo fue fomentar la convivencia pacífica a través de la recuperación y dinamización de espacios públicos en las zonas de mayor riesgo, que permitan un uso integrado y diverso, y contribuyan a incrementar la confianza, fomentar la identidad comunitaria y la seguridad en los municipios de San Martín e Ilopango, desde la participación activa de los niños, niñas y jóvenes. En este contexto, se llevaron a cabo talleres con 60 jóvenes para facilitar la reflexión y se planificaron acciones orientadas a fomentar la convivencia y prevenir la violencia armada en sus respectivos barrios. También se capacitó a 15 jóvenes en la producción de programas radiales.

En términos generales, se esperaba que la campaña a través de los medios de comunicación y de los eventos comunitarios, combinados con una mayor presencia policial, contribuyeran a: 1) disminuir el porcentaje de personas que piensan que un arma de fuego les brinda seguridad; 2)aumentar el uso de los espacios públicos como lugar de socialización y 3) incrementar el sentimiento de seguridad de las personas en las zonas de mayor riesgo para el primer semestre del 2006.

4.- Investigación

La investigación permitió construir un sistema de indicadores y crear de la línea base del proyecto, a fin evaluar el impacto del mismo en la violencia armada y en el desarrollo en los dos municipios.

El levantamiento de la línea de base del proyecto en ambos municipios ha permitido identificar importantes aspectos tales como:

- Se calcula que el 10% de los hogares de San Martín e Ilopango tienen armas de fuego y el 11% desean tenerlas.

- El 86% de la población encuestada en ambos municipios apoya la prohibición de la portación de armas.

- La PNC decomisó 269 armas de fuego en 2004, en su mayoría en vinculación a un delito (58%) más que por una fiscalización de la ley por si misma; se estima que circulan en los municipios de San Martín e Ilopango un total de 10,000 armas de fuego, de las cuales el 60% son ilegales.

- Se calcula en alrededor de US$ 20,000,000 dólares el costo de la violencia con arma de fuego durante 2004 en ambos municipios, lo cual constituye el doble del presupuesto municipal y equivale a un gasto de US$ 68.16 per capita, cifra similar a la inversión social per capita en el país.

5.- Impacto del proyecto

i) Generó un amplio debate local y nacional sobre la proliferación de armas de fuego, su impacto en la violencia y las estrategias para abordar la problemática. Cada vez más actores están a favor de restringir la portación de armas de fuego.

ii) Promovió una reflexión sobre estrategias de prevención de la violencia y contribuyó a estimular nuevos actores en la implementación de estrategias preventivas.

iii) Permitió desarrollar una buena práctica “modelo” de gestión local de seguridad ciudadana y estimuló a emprender iniciativas similares en otros municipios o zonas geográficas.

iv) Contribuyó a dar un salto de calidad en la gestión de la información sobre violencia y delincuencia y permitió mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas.

v) Contribuyó a generar cambios en la legislación nacional: La Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social recomendó la modificación de la legislación nacional ampliando la prohibición de la portación de armas de fuego a plazas, parques gasolineras y la posibilidad de vedas temporales yo en determinados espacios públicos y o municipios; y extender la iniciativa a los 20 municipios más violentos del país.

vi) Mejoró la imagen de la PNC en ambos municipios y aumentó el número de denuncias de la población.

México: armas de Estados Unidos detrás de los asesinatos

Traducción de un artículo publicado en el Washington Post.

"Los asesinos de Ricardo Rosas Alvarado, miembro de la policía estatal de élite, dispararon una lluvia de balas con sus rifles de asalto AK-47. Alvarado no fue más que una nueva víctima de de estas armas que aquí se llaman “cuernos de cabra (por la forma curva de sus cargadores), y que tienen capacidad para disparar 600 balas por minuto. El asesinato, indican las autoridades Mejicanas, es una muestra de poder de fuego de los cárteles mejicanos.

Dos horas más tarde, un pequeño ejército de matones de los carteles atacó la oficina de la policía federal. No hubo ningún herido entre los agentes recién llegados para aplastar los grupos de narcotraficantes que aterrorizan la ciudad, a pesar de las más de 1.200 balas disparadas. Para los policías más veteranos era un mensaje enviado a los recién llegados: “Bienvenidos a Tijuana. Nuestras armas son mayores que las vuestras”.

Las potentes armas usadas en ambos incidentes ocurridos el 24 de septiembre, sin dudas vienen de Estados Unidos, comenta la policía aquí, y estiman que el 100% de las armas usadas para sus crímenes por los carteles son introducidas de contrabando desde el otro lado de la frontera.

Las armas pasan a México a través del “camino de hormigas”, como llaman el continuo trasiego de gente que pasa dos o tres armas cada día a través de la frontera. Las “hormigas”, junto con otras operaciones de contrabando más importantes, suministran en una creciente carrera armamentística entre carteles mejicanos.

Las armas americanas – cerca de dos mil entran en México diariamente, según un estudio del gobierno mejicano – son cruciales para la guerra asombrosamente bestial entre carteles rivales que han costado 4.000 vidas en los últimos 18 meses, lo cual ha puesto las autoridades de Washington y de Ciudad de México, en estado de crisis.

Los traficantes de drogas, con su continuo suministro de armas americanas, son el punto de mira de la ayuda de 500 millones de dólares propuesto por el Presidente Bush, para ayudar a México a luchar contra los carteles. Agentes de ATF esperan que parte del dinero sirva para dar a los jefes de la policía mejicana accesos a las bases de datos de Estados Unidos para hacer el seguimiento de estas armas. Hasta ahora solo se podía hacer a través del cuartel general de la policía de Ciudad de México. Muchos jefes de policía no se molestan siquiera en solicitar la información debido a los retrasos burocráticos constantes.

Agentes de aduanas corruptos ayudan el contrabando de armas a Méjico, ganando hasta 1 millón de dólares por grandes cargamentos, según informa la policía. A menudo las armas con compradas legalmente en ferias de armas en Arizona y otros estados fronterizos, donde encuentran vacíos legales que les permite almacenar todo el material sin problema.

Los traficantes de armas están llenando México de AK-4, pistolas, miras telescópicas, granadas, lanzagranadas y munición potente, como las balas llamadas “mata-policía” por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas usados por los policías.

“Tienen la misma potencia de fuego aquí en la frontera, que la que tienen nuestros soldados en Irak y Afganistán”, comenta Thomas Mangan, portavoz del ATF en Arizona..

Han estado entrando armas de contrabando en México desde hace décadas. Por ejemplo el 38 especial utilizado en 1994 para asesinar al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio aquí en Tijuana provenía de una venta de armas en Arizona. México es un mercado rico para los contrabandistas ya que aquí están prohibidas las armas automáticas de gran calibre – hasta la propia policía lo tiene prohibido – y también porque hay una ley muy estricta que hace muy difícil para un civil comprar un arma.

Pero los agentes responsables del orden de un lado y otro de la frontera nunca habían visto tal avalancha de armas apareciendo en México. Este incremento se ha visto favorecido por la guerra de los carteles y por la facilidad que existe en conseguir armas potentes en Estados Unidos. Arizona y Texas se han convertido en un paraíso de quien busque armamento, según un estudio realizado por Garen Wintemute, de la Universidad de California en Davis, sobre armas en el suroeste.

Los que tienen licencia para vender armas deben seguir un sistema de control, pero los que no tienen licencia pueden vender « colecciones personales » en cualquier feria de fin de semana sin más datos. Las leyes permiten vender colecciones personales sin seguir los trámites que tienen que seguir los vendedores de una tienda.

De esta manera, vendedores poco escrupulosos usan esta laguna legal, para hacerse con una falsa colección de armas y hacer ventas rápidas de las que son difíciles de hacer el seguimiento. “En menos de un minuto se hace la transacción”, dice Wintemute que ha visto como vendedores sin licencia se hacían con motones de armas transportado en carritos de bebes. Pueden hacerse con docenas de armas asistiendo a ferias durante un fin de semana. Los compradores son hombres de paja que van recibiendo instrucciones por teléfono móvil de los traficantes de drogas mejicanos. Estos hombres de paja viven en Estados Unidos, legal o ilegalmente.

Un contrabandista, o hormiga – a menudo la misma persona que ha comprado el arma – mete el armamento en el maletero o en un falso piso del coche. Entre las novedades más demandadas están las variantes del fusil de asalto AK-47 y AR-15, que son más cortos que el Standard y permite camuflarlo fácilmente en pantalones anchos.

De la misma manera que en la droga, jóvenes son reclutados para transportar estas armas de contrabando. Suelen trabajar en equipos distrayendo a un inspector que ve a alguien sospechoso, mientras los no sospechosos pasan el armamento, llevando niños pequeños en brazos para esconder las armas.

Mientras dejan pasar las chicas bonitas y bien vestidas, van parando al chico, que no lleva nada. Algunos no tienen que preocuparse ni siquiera por eso. La corrupción en el sistema de adunas, permite la penetración da drogas y armas hacia México. No hace mucho fue detenido el jefe de las inspecciones del puerto de Altamira, al norte de Tampico, acusado de dejar pasar 12 toneladas de cocaína en el país.

En agosto, la autoridades mejicanas de Nogales, al otro lado de la frontera con Arizona, fueron descubiertas 163 armas en la detención más importante de la reciente historia de México. Las autoridades dicen que solo pueden inspeccionar una pequeña fracción de los 65.000 vehículos y 35.000 peatones que cruzan la frontera diariamente a Tijuana, ciudad donde vienen innumerables californianos que no tienen edad, para beber y pasarlo bien. Montones de armas pasan y caen en manos de los carteles de la droga de Tijuana. Pero ahora van apareciendo armas de contrabando mucho más al sur. El gobierno de México ha decomisado gran cantidad de armas en otros lugares, fuera de la zona fronteriza tradicional. Ahora va siendo Michoacán, el estado del presidente Calderón y lugar favorito de miles de turistas que vienen a ver la migración de millones de mariposas monarcas. En los 10 primeros meses de 2007, se ha decomisado 1200 armas en Michoacán, 4 veces más que loas recogido en estados fronterizos como Baja California y Chihuahua.

Los contrabandistas están dispuestos a asumir muchos riesgos con la promesa de altos beneficios. Un AK-47 que se puede comprar entre 200 y 800 dólares en una feria de armas en Arizona, puede venderse en México por cuatro veces ese precio, según comenta Nwell una agente especial de ATF en Phoenix.

No todas las armas van a parar a los traficantes de drogas. Es usual que emigrantes se hagan con una o dos pistolas en Estados Unidos, para volver a venderlo en su pueblo de vuelta a casa, según informa Victor Clark un responsable de Derechos Humans basado en Tijuana. Algunos campesinos quieren pistolas para poder defenderse a su vez de los traficantes de drogas que suelen mandar en partes rurales de México.

« Existen zonas del estado de Oaxaca donde están permanentemente luchando por su derecho a la tierra,” dice Clark. “Cuando vas a esos pueblos, todo el mundo tiene un arma”.

Fuera de la oficina de Zatarán Cedano, el jefe de policía de Tijuana, hay siempre un hombre que hace guardia con un rifle de asalto AR-15. Dentro, el propio Zatarán Cedano lleva una pistola y está rodeado de hombres armados.

Desde que tomó posesión, hace 20 meses, del cuerpo de policía más importante de México, Zatarán Cedano ha enterrado ya a 18 agentes, incluyendo 3 jefes de distrito. Su segundo oficial fue asesinado en la calle por un grupo de hombres armados de metralletas. Él sólo llevaba una pistola.

La gran mayoría de sus subordinados llevan pistola. Sólo dispone de 150 AR-15 para repartir entre sus 3.000 agentes. Esta es la cantidad de armas que son introducidas en solo 2 horas por parte de los contrabandistas en México. “Tenemos que encontrar una mejor manera de filtrar, sino estamos perdidos” comenta de manera cansada.

lunes, 26 de noviembre de 2007

kio estas IANSA?


La Internacia Ago-Reto pri Etarmiloj (IAREA aŭ IANSA) estas la tutmonda movado kontraŭ perpafila perforto - reto de 700 organizoj de la civila socio laboranta en 100 landoj por halti la multiĝon kaj misuzon de etarmiloj kaj malpezaj bataliloj. IANSA strebas fari homojn pli sekuraj rilate al perpafila perforto, per la serĉado de pli forta reguligo pri pafiloj en socio kaj pli bonaj kontroloj pri eksportoj de armiloj. Ĝi reprezentas la voĉojn de la civila socio sur la internacia scenejo, ekzemple en la UN procezo pri etarmiloj, kaj ĉerpas el la praktika sperto de siaj membroj por kampanji favore al politikoj kiu protektos homan sekurecon.

IANSA konsistas el larĝa gamo de organizoj zorgantaj pri etarmiloj, inkluzivante politikevoluigajn organizojn, naciajn grupojn por la reguligode pafiloj, virinajn grupojn, esplorinstitutojn, humanitarajn organizojn, religiajn grupojn, postvivintojn, organizojn por homaj rajtoj kaj komunumaagado.

Kion faras IANSA?

IANSA celas redukti etarmilan perforton:
a.. levante la konscion inter politikfarantoj, la publiko kaj la amaskomunikiloj pri la tutmonda minaco al homaj rajtoj kaj homa sekureco kiun kaŭzas etarmiloj
b.. antaŭenigante la penojn de la civila socio por malhelpi armilan multiĝon kaj armitan perforton per politika evoluado, publika edukado kaj esploro
c.. subtenante kunlaboran lobiadon, kaj kreante forumon por ke Neregistaraj Organizoj kundividu spertojn kaj disvolvu trejnadon
d.. havigante al la civila socio manierojn partopreni en tutmondaj kaj regionaj procezoj
e.. antaŭenigante la voĉojn de postvivintoj, solidarece kun ili kaj iliaj familioj

La Ley del Comercio de Armas fue aprobada en el Congreso


Madrid.- Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han acogido hoy con satisfacción la aprobación de la ley de comercio de armas en el Congreso por una amplia mayoría parlamentaria, y han pedido al Senado que agilice el trámite en esa cámara para que la ley sea aprobada en esta legislatura sin rebajas y con los avances ya incluidos, que mejoran el proyecto de ley inicial presentado por el Gobierno.


Para las cuatro organizaciones es un paso adelante importante que por primera vez en España se regule por ley el comercio exterior de armamento y material de doble uso. La venta descontrolada de armas causa en el mundo una muerte cada minuto. Si el Senado da su aprobación final, la ley obligará al Gobierno a denegar transferencias que no cumplan con los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea según el cual no deben exportarse armas a países con graves violaciones de derechos humanos o donde exista un conflicto armado, entre otras situaciones.

Además, al suprimirse la referencia al artículo 13 de la Ley Estadística Pública del proyecto de ley inicial, el Gobierno ya no podrá escudarse en el secreto estadístico para no dar información detallada de las armas que exporta España. Sin embargo, las cuatro organizaciones lamentan que no haya habido el consenso suficiente para que la ley obligue explícitamente al Gobierno a proporcionar al Congreso una “descripción detallada” del producto exportado o autorizado, aunque el hecho de que se obligue a informar en forma de “categorías descriptivas” abre la puerta a una mayor transparencia.

Durante años las cuatro organizaciones han reclamado más y mejor información sobre las exportaciones de armas españolas. En la actualidad en España todavía no es posible saber qué se ha vendido exactamente a un determinado país o qué criterios ha utilizado el Gobierno para garantizar que una exportación no tendrá un impacto negativo en el país de destino. Por ello, atendiendo al espíritu y la letra de la ley que se ha aprobado hoy en el Congreso, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam piden al Gobierno español que facilite detalles sobre cada producto que se exporta, algo que sí hacen otros países como EEUU, el principal vendedor de armas del mundo.

Por otra parte, las organizaciones destacan como aspecto positivo en el ámbito de control que la ley incorpore que la comparecencia anual del Secretario de Estado de Comercio al Congreso de los Diputados sirva no sólo para informar de las ventas sino para responder a un díctamen y a las recomendaciones que sobre esta materia elaborará la Comisión de Defensa de la Cámara.

La
ley también también obligará a las empresas y operadores en general a incluir en su solicitud cláusulas de no reexportación, e información sobre los métodos de transporte y países de tránsito de la mercancía. Por último, las cuatro organizaciones valoran positivamente que la ley incluya también las armas y municiones de caza y tiro deportivo como material sujeto a control y que por lo tanto debe aparecer en las estadísticas oficiales, a diferencia de lo que ocurre ahora. España es la principal exportadora mundial de municiones al África Subsahariana y, sólo el pasado año vendió munición a Ghana por valor de 3,2 millones de euros. La inclusión de estos productos como material sujeto a control ha sido una de las reivindicaciones más importantes de las organizaciones en los últimos años.

Exportaciones de armas a destinos preocupantes
Según los últimos datos oficiales, España vendió el pasado año material de defensa por valor de más de 845 millones de euros, lo que le sitúa en el octavo puesto entre los mayores exportadores de armas del mundo.
España vendió 441.000 euros en material de defensa a Israel, un millón de euros a Pakistán, más de 16 millones de euros a Marruecos, y más de 3 millones de euros a Venezuela. El informe oficial explica que España ha vendido a estos países productos de distinto tipo entre los que figuran aquellos de la categoría 4 “bombas, torpedos, cohetes y misiles”. Sin embargo, no se conoce con precisión qué se exporta y en qué cantidad.

En el caso de Marruecos, se ofrece información solamente sobre la mitad de las ventas, de las que se dice que son “vehículos todo terreno para transporte”. No se añade más información sobre el resto de los productos exportados.

En relación con las ventas de material y tecnologías de doble uso, entre los destinatarios figuran países como Irán, Colombia, China o Israel. Una vez más, la falta de detalle en algunas de estas operaciones no permite saber qué se ha vendido exactamente.

domingo, 25 de noviembre de 2007

"El señor de la guerra"


Esta es una película que puede servir para hacernos una idea de cual es el problema del descontrol en el comercio de armas en el mundo.

Es una película de Andrew Niccol, interpretada por Nicolas Cage, que cuenta la historia de un traficante de armas (uno de los muchos que existen) y la evolución de su actividad, desde unas pocas metralletas Uzzi hasta llegar a miles de AK-47, helicópteros, etc.

“La película explora una consecuencia poco conocida del final de la Guerra Fría, la enorme cantidad de armas que de repente quedó disponible en los antiguos estados soviéticos para vender a los países en desarrollo (sobre todo de África) y las inmensas sumas de dinero amasadas por los traficantes de armas que las vendieron. Muchos piensan que es el mayor atraco del siglo XX. Sólo en Ucrania, entre 1982 y 1992 se robaron más de treinta y dos mil millones de dólares en armas. Ningún culpable ha sido jamás atrapado ni procesado. La película sigue las incansables aventuras del traficante de armas Yuri Orlov (Nicolas Cage). A través de algunas de las zonas de guerra más peligrosas, Yuri lucha por escapar de un implacable agente de la Interpol, de sus rivales en el negocio y hasta de alguno de sus clientes que incluyen a muchos de los más importantes dictadores.” (información sacada de labutaca.net) . En el DVD está incluido un spot de Amnistía Internacional con Nicolas Cage, así como un documental: “Un negocio de muerte”.

La podéis encontrar en cualquier video-club o pedirla prestada a un amigo. Es alucinante.

Haití: menos armas. más paz

Entrevista a Alix Fils-Aimé por Daniela Bercovitch para “Comunidad Segura”

(http://www.comunidadesegura.org)

“Las personas no van a devolver las armas de manera voluntaria si no les ofrecemos una vida más digna”, afirma Alix Fils-Aimé, presidente de la Comisión Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración (CNDDR) en Haití.

En entrevista exclusiva a Comunidad Segura, Fils-Aimé habla del trabajo de desmovilización de grupos armados en la capital Puerto Príncipe y cuenta un poco sobre la colaboración entre la población local y la Minustah, fuerza internacional presente en el país y liderada por el general brasileño Alberto dos Santos Cruz.

¿Qué es lo que podemos aprender con el trabajo de la CNDDR en Haití?
Después de la salida del presidente Aristide en 2004, vivíamos una situación caótica. Algunos grupos fueron armados por el propio Estado. Fue gracias a la Fuerza Internacional que conseguimos gradualmente restablecer la paz. El primer paso fue elegir un gobierno legítimo. En seguida, estimulamos a los grupos armados a devolver las armas y suspendieron las actividades criminosas.
En nuestra experiencia, lidiamos con dos campos adversarios: ejército y milicias. Tuvimos un acuerdo de paz firmado y comenzamos el trabajo de reintegración de los implicados. Lo que caracteriza nuestra situación son los conflictos políticos, las relaciones sociales donde la explotación de los pobres por los políticos creó un tipo de pandillaje. Tenemos nuestras propias características e intentamos adaptar el concepto DDR a la situación.

¿Cómo se dio el proceso?
Algunos miembros de esos grupos devolvieron las armas. Otros no. Fuimos obligados a hacer operaciones policiales y militares para desmantelar sus bases operacionales. Al mismo tempo, tenemos otra estrategia: la transformación de las condiciones de vida de la población. En la próxima semana, por ejemplo, el gobierno lanzará una serie de intervenciones de infraestructura social en Cité Soleil (barrio popular de la capital) con actividades conjuntas, grupos de trabajo formados por miembros del Estado y del DDR Internacional. El objetivo es transformar las condiciones de vida de aquellos que optaron por la violencia armada y ofrecer una posibilidad de reintegración. Esas personas no van a devolver las armas de manera voluntaria si no les ofrecemos una vida más digna.

¿Cómo se da esa reintegración?
El Estado haitiano no tiene condiciones económicas de crear empleos. Por su lado, el sector privado fue víctima de secuestros, agresiones armadas, tuvieron sus comercios arrasados. Es difícil que acepten a ex-integrantes de grupos armados, aunque tengan alguna formación o profesión.
Fuimos obligados entonces a pensar en una forma para que esas personas, al fin del proceso de aprendizaje, sean capaces de montar sus propias empresas, ofreciéndoles crédito para la compra de equipos y para instalaciones, para que puedan ser empresarios. Eso permitirá una aceptación gradual, una reintegración a la sociedad. Tenemos también, programas específicos para las mujeres de aquellos que hicieron parte de grupos armados. Promovemos la participación de esas mujeres en centros de formación y ofrecemos micro-créditos con el objetivo de anular su dependencia del mundo del crimen. Transformando las condiciones de vida promovemos una reintegración global de ese sector en la comunidad.

¿En que fase está el programa?
Aun encontramos delincuentess dispersos que no tienen ninguna intención de devolver las armas. Son personas que tomaron una decisión en relación al proceso y que deberán responder directamente a la policía y a la justicia. Es importante notar que recibimos un gran apoyo por parte de los militares de la Minustah, que desmantelaron las bases operacionales - primero en Cité Soleil y en seguida en Gonaives. Más de 400 implicados en todo el país se juntaron al programa de reintegración. Y ciertamente tendremos otros participantes de la favela Martissant. Mientras tanto, hay una serie de individuos armados que están en todo el país.

¿Podemos ser optimistas en relación al futuro del país? ¿Hay peligro de una nueva oleada de conflictos?
Hace un año, conseguimos una estabilidad política y un funcionamiento mejor de las instituciones. No hay grandes conflictos. Los enfrentamientos entre el ejecutivo y el parlamento son señales de democracia y son resueltos a través del dialogo, y no a base de tiros o de difamaciones.
Conseguimos también una estabilidad macroeconómica y de seguridad. No hay ningún lugar en todo el territorio donde alguien se de el derecho de intitularse comandante. Las ofensivas de las fuerzas de seguridad continúan sucediendo en lugares aislados, donde los bandidos se juntan para montar operaciones.
Estamos en un momento en el cual nos falta un dinamismo económico, pero también tenemos una serie de problemas internos, como la corrupción, que deben ser resueltos. Problemas que favorecen la criminalidad. Se trata de una situación en la cual los jóvenes no tienen esperanza. Mientras no nos enfrentemos a estos problemas, estaremos siempre obligados a contener la criminalidad. Pero sería mejor poder recurrir a una policía preventiva y no represiva y a acuerdos sociales, de gestión de conflicto, de seguridad. Y con ese objetivo crearemos foros de seguridad comunitaria en las principales ciudades del país. Serán colaboraciones entre la alcaldía, la policía, la CNDDR y la población, representada por todos los sectores, inclusive el sector privado.

¿Hay casos en que la población es obligada a pagar por seguridad?
Ya no se da el caso. A pesar de que en Cité Soleil hay elementos que continúan pagando bandidos, que trabajan presuntamente como agentes de seguridad. Pero ellos no comprenden que esos bandidos no tienen más ninguna capacidad operacional. La población ya no tiene miedo de esa gente.

La nominación de Samba Boukman como Comisario de la CNDDR fue bastante criticada por algunos sectores. ¿Cuál es su opinión?
Algunos cuestionaron la presencia de Samba Boukman [1] en la Comisión porque habría participado de actos violentos en el barrio. Pero nunca consiguieron presentar pruebas suficientes en su contra.

¿Por qué él?
El Presidente lo escogió para que establezca una comunicación con las organizaciones de base y las incentive a la no violencia. Se trata de una figura respetada en el medio popular. Sirve como buen ejemplo porque escogió el camino de la paz. Inclusive, la comisión consiguió consolidar la paz en Bel Air gracias al trabajo de la ONG brasileña Viva Rio.

¿Cómo coordinaron el trabajo con Viva Rio?
El trabajo con Viva Rio es un modelo para todo el país y se caracteriza por una relación muy estrecha y una voluntad común en buscar la paz. Utilizamos medios de gestión de conflicto, de diálogo con los facilitadores comunitarios y, al mismo tiempo, incentivos para la comunidad, como becas de estudio para los niños y para los músicos de las bandas de música Rara. Mientras tanto es la CNDDR, con la ayuda de Viva Rio, que administra la paz en Bel Air [2]. Queremos que sea un modelo nacional que sea reforzado por los foros de seguridad. Queremos integrar formalmente la policía y las alcaldías para institucionalizar su participación en la gestión de conflictos.

¿Podría mencionar un ejemplo de éxito del programa de la CNDDR?
La nueva CNDDR que fue inaugurada en septiembre de 2006 obtuvo buenos resultados en Bel Air. Consiguió unir esfuerzos entre la Minustah, la policía y otras instituciones.
La antigua comisión no tenía la misma orientación y ni una buena relación con la Minustah. Era una comisión politizada, que veía como enemigos a aquellos que debían ser el objetivo de la desmovilización. Nosotros, al contrario, trabajamos con los alcaldes y no estamos interesados en afiliaciones políticas. Ya tomamos armas de las manos de grupos armados, de antiguos militares, de bandidos comunes y del sector privado, aunque este sea más resistente en devolver las armas. Estamos gradualmente tomando el control de la situación con un abordaje de manutención del orden, pero también a través de un enfoque social. Enfrentamos los problemas socioeconómicos que son justamente la causa de la adhesión de esas personas a la criminalidad y al narcotráfico.

¿Una autocrítica?
Me niego a ver el problema como una cuestión de conjunto, de disociar ese tema de una necesidad estratégica de modernización del país. Si no trabajamos en ese sentido, nos quedaremos en ese remolino insalubre y haré una carrera en desarme. No es esa mi intención. Me gustaría hacer otra cosa de aquí a seis meses. Me gustaría concluir mi misión y trabajar en la protección del medio ambiente, con la producción de aceite de Jojoba, Palma Christi etc. El desarrollo es la mejor manera de combatir la inseguridad, dando verdaderas opciones a los jóvenes, para que se sientan guiados y puedan tener esperanza.