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martes, 4 de diciembre de 2007

Desarme y justicia en África


Después de años de guerra, centenares de excombatientes de milicias locales salen de los bosques del Ituri, provincia lejana del noroeste de la República Democrática del Congo (RDC). “El tiempo de guerra ha pasado. Ahora es el momento de reconstruir nuestro país.” Afirma el coronel Mathieu Ngujolo, en el momento en que los miembros de su milicia entregaban sus armas en el pueblo de Kobe.
En la última fase del programa de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de la RDC, 4.500 miembros de tres de las milicias del Ituri (que han firmado un acuerdo con el gobierno) están a punto de abandonar las armas. Se unirán a más de 100.000 combatientes de otras fracciones que han vuelto a la vida civil o se integrarán en el nuevo ejército nacional según los acuerdos de paz antes mencionados. Una docena de procesos han empezado en el país para juzgar los congoleses acusados de crímenes de guerra. Uno de los principales jefes de milicias del Ituri, Thomas Lubanga está siendo juzgado en la actualidad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con el apoyo de Naciones Unidas. Sin embargo el número total de responsables detenidos es bajo en un país donde se estima que 3 o 4 millones de personas, mayoritariamente civiles, han muerto en una década de conflictos. Y como sus predecesores desmovilizados, es probable que pocos milicianos del Ituri sean llevados ante los tribunales por los crímenes que puedan haber cometido durante la guerra.
Numerosos habitantes del Ituri se conforman por ahora con el restablecimiento de la paz. John Tibamwenda, jefe de distrito de Bunia, la capital de la provincia, comentó durante la ceremonia de desmovilización y desarme: “Hemos pasado una guerra. Hemos perdido nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas. Hemos sufrido las peores atrocidades. Ya es hora ahora de pasar página.”
Sin embargo, en RDC como en otros países africanos que salen de una guerra, muchos se preguntan si la paz debe ser restablecida a expensas de la justicia. ¿El desarme y la desmovilización significan acaso la impunidad de los autores de pillajes, violaciones y asesinatos que han aterrorizado las poblaciones? ¿Acaso se espera que las comunidades que han sido sus víctimas les acojan de vuelta? Por otro lado, ¿acaso una persecución más severa contra los autores de las peores atrocidades pondrían en peligro los esfuerzos para conseguir la paz, como piensan algunos mediadores y analistas? ¿Dudarían entonces los combatientes en abandonar las armas?
Los participantes de la segunda conferencia internacional sobre desarme, desmovilización y reinserción así como la estabilidad en África, que ha tenido lugar en Kinshasa del 12 al 14 de junio 2007, han debatido todas estas cuestiones. Organizada por el Gobierno Congoleño y por la Oficina del Consejero especial para África de la ONU, esta reunión ha juntado expertos y organizadores de l programa de DDR de toda África. A pesar de que numerosos procesos de paz en África, están sometidos a algún tipo de operación de DDR, los procesos judiciales contra los autores de crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos tienden a retrasarse, según Alpha Fall, asociado principal del Centro Internacional para la justicia de transición (CIJT), una ONG de New York. El Sr. Fall señala que este retraso es debido en parte al hecho que el desarme y la desmovilización son considerados como prioridades inmediatas para la seguridad, mientras que los mecanismos de “justicia transicional” necesitan más tiempo para ponerlos en funcionamiento, sobre todo en países arrasados por la guerra, que tienen una débil estructura judicial y necesidades más urgentes.
(El término “justicia transicional” es utilizado por numerosos defensores de los derechos humanos para referirse a las medidas tomadas en el transcurso de un período de transición al finalizar una guerra o al final de una dictadura).
Este retraso es también debido a diferentes objetivos de programas de DDR y de la justicia transicional. “Los programas de DDR afectan a los combatientes, mientras qwue la justicia transicional se concentra en sus víctimas. Además estos grupos distintos tienen ellos mismos objetivos dispares: las víctimas buscan responsabilidades. Los excombatientes intetan minimizar o reducir sus responsabilidades. Sin embarogo”, añade el Sr.Fall, “los programas de DDR y la justicia transicional tienen metas comunes a largo plazo: restaurar un estado de derecho, restablecer la confianza, prevenir nuevas violencias y reconciliar las comunidades. Una mayor coordinación entre los dos procesos deberían contribuir a hacer que adelanten, reduciendo al mínimo los compromisos y las tensiones que prodrían manifestarse.
¿Amnistía o persecusión ?
La amnistía es la cuestión que suscita mayor controversia. La proclamaciónde amnistías han sido frecuentes en el marco de los acuerdos de paz conseguidos en África, en América Latina y demás sitios; su objetivo a menudo ha sido el incitar a las facciones en conflicto a participar en el proceso de paz. En África del Sur, al finalizar el Apartheid en 1994, se ofreció la amnistía a los que confesaran públicamente sus crímenes.
En los últimos años de guerra civil en Argelia, las ofertas de amnistía realizadas individualmente a los insurrectos por parte del gobierno consiguieron que millares de aquellos depusieran las armas. De la misma manera, la amnistía ha figurado de una manera u otra en los acuerdos de paz firmados en Sierra Leone, Libéria, RDC y otros países. Uganda adoptó en el 2000 una ley de amnistía que garantizaba a los que renunciara a la violencia, una serie de medidas de reinserción y la promesa de no ser perseguidos judicialmente. En diciembre 2006, cerca de 21.000 miembros de media docena de grupos rebeldes decidieron aceptar la propuesta, entre ellos 15.ooo combatientes del Lord Resistance Army (LRA), el grupo que durante años ha devastado el país y ha provocado desplazamientos masivos de la población en el norte de Uganda. En las comunidades donde la violencia ha disminuido drásticamente, muchos consideran la amnistía como una herramienta importante para restablecer la paz y encontrar los niños que habían sido secuestrados por los rebeldes.
Sin embargo, los militantes de los derechos humanos estiman que el no perseguir a los que cometieron las peores atrocidades significa ignorar los sufrimientos de sus víctimas, y perjudicar a largo plazo la reconciliación y perpetuar una cultura de impunidad. Señalan también que según el derecho internacional, no puede haber amnistía por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
En un acuerdo de paz inicial concluido en 1999 en Sierra Leona, los negociadores habían aceptado una amnistía general para todas las facciones y todos los combatientes. Pero apoyándose sobre el derecho internacional, la ONU desaprobó las disposiciones de esta amnistía. El acuerdo de paz al que se llegó más tarde tuvo una amnistía limitada, pero también estableció una Comisión de Verdad y Reconciliación con el fin de recoger información sobre las atrocidades cometidas y la creación de un Tribunal especial para Sierra Leona para juzgar algunos de los principales responsables.
Es probable que las amenazas de persecución puede complicar los esfuerzos de desmovilización. Un estudio del CIJT sobre Sierra Leona señala el caso de un representante del Tribunal especial al que no autorizaron a entrar en el campamento de desmovilización porque sus responsables temían que los excombatientes abandonaran el programa de DDR.
En la vecina Liberia, algunos combatientes dudaron en participar en el proceso de paz porque temían caer bajo la jurisdicción del Tribunal especial para Sierra Leona. (El expresidente de Liberia Charles Taylor debe actualmente responder ante el tribunal sobre el papel que tuvo en la guerra civil en Sierra Leona)
En la práctica, los negociadores para la paz y los organizadores del programa de DDR han intentado llegar a un equilibrio. En RDC, explica Daniel Kawata, Coordinador General de la Comisión DDR, todos los jefes de milicia sospechosos de “crímenes y delitos graves” han sido detenidos. Pero el número de estos arrestos ha sido limitado para “no perder la posibilidad de desmovilizar a todos los demás”, declaró a Afrique Renouveau en 2005.
Cuando, hace varios años, el CPI anunció que abría una encuesta sobre los crímenes de guerra cometidos en el Norte de Uganda por el LRA, empezó un gran debate. Algunas comunidades locales enviaron delegaciones a La Haya para informar que las inculpaciones podían amenazar los esfuerzos de paz. El juez Peter Anega, Presidente de la Comisión de Amnistía, cuenta que dijo al CPI “que estas órdenes de arresto, en cuanto se emitan, no facilitarían el proceso de paz”. Unas inculpaciones, explicó a Afrique Renouveau, durante la conferencia de Kinshasa podría llevar los combatientes del LRA a temer ser juzgados si salían del bosque.
La CPI ha retrasado estas órdenes, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito de las conversaciones. Pero en octubre 2005, dio las órdenes de arresto para el Sr. Pony y varios jefes del LRA. Sin embargo, los temores inicialmente expresados, las conversaciones entre el LRA y los intermediarios ugandés en la ciudad de Juba en Sudán no fueron comprometidos.
Actualmente, se está viendo la posibilidad de evitar un proceso internacional que permita a los tribunales ugandeses juzgar al Sr. Pony y los demás acusados con las mismas acusaciones que las utilizadas contra ellos por el CPI. “El Gobierno Ugandés tiene el deber de poner en funcionamiento las leyes necesarias para que realice un proceso que sea aceptable para el CPI.” Falta ver si los jefes del LRA aceptarán someterse a un tribunal ugandés.
Con el fin de aunar el deseo de paz y la justicia de los Africanos, una mesa redonda temática sobre justicia transicional organizada durante la Conferencia DDR de Kinshasa ha propuesto que los negociadores de acuerdos de paz eviten proponer amnistía generalizadas. También se ha recomendado llevar adelante los procesos con imparcialidad, para que no de la impresión que la justicia se hace exclusivamente en interés de los “vencedores”.
Los procesos debidamente llevados por tribunales nacionales o internacionales no son los únicos medios para poder rendir cuentas. Se han recomendado que los países que tienen una comisión de verdad y reconciliación animen a los excombatientes a participar.
Los participantes de la Conferencia citan el ejemplo de Ruanda que está instruyendo varios centenares de miles de expedientes relacionados con el genocidio de 1994. Inspirado en asambleas de aldeas tradicionales, tribunales gacaca locales permiten a los aldeanos confrontarse directamente a los que son acusados de atrocidades. A veces, los sospechosos se confiesan y piden perdón por sus actos. Pueden ser perdonados o condenados, incluso a trabajos de interés general.
Los casos más graves son llevados a los tribunales ordinarios. El Sr. Fall señala que el compromiso del gobierno ruandés para llevar a cabo estos procesos no parecen haber perjudicado los esfuerzos de reinserción de los excombatientes, de los que 54.000 ya han entregado sus armas desde 1995.
En Uganda, numerosos amnistiados han participado también en rituales tradicionales conocidos como timo-kica o mato oput (perdón y reconciliación) durante los cuales reconocen públicamente cierta responsabilidad por actuaciones pasadas. “Una vez realizado el ritual”, explica el Sr. Anega, “esta persona es aceptada de nuevo en la comunidad y que toda animosidad hacia él termine.”
En general, los participantes en la Conferencia de Kinshasa han propuesto que los programas de DDR presten más atención a los necesidades de las comunidades que acogen los excombatientes. En Ituri, los antiguos combatientes de las milicias reciben cada uno 100 dólares, además de un paquete con cazos, zapatos, una radio, tela y otras necesidades. Li los aldeanos más pobres no reciben ellos también una ayuda para reconstruir su vida, esta desigualdad podría entonces provocar el resentimiento y dar la impresión que los excombatientes son “recompensados” por su violencia pasada.
Unas reparaciones hacia las víctimas de las atrocidades pasadas pueden igualmente contribuir a mejorar la actitud hacia los excombatientes, afirma Sr. Fall.
Finalmente, los enjuiciamientos pueden también contribuir a la reconciliación a largo plazo, concluye el Sr. Fall. “Puede incrementar, después, las posibilidades de que restablezca la confianza entre excombatientes y las comunidades en las que eligen reinsertarse”

Fuente: “Afrique Renouveau”
http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol21no3/213-desarmement.html