Gran parte de las más de 500 mil personas muertas por armas de fuego en el mundo todos los años son niños, adolescentes y jóvenes víctimas del crimen organizado, de confrontaciones entre pandillas o de acciones de la policía.
El crecimiento de grupos armados organizados y el aumento progresivo del número de víctimas en la franja de edad de los 15 a los 25 años preocupan comunidades, especialistas y gobiernos del mundo entero.
La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes compilados por las estadísticas de homicidios en ciudades violentas son pobres o miembros de grupos socialmente excluidos, para quien las oportunidades de recreación, educación y empleo son escasas o inexistentes. La acción de las autoridades muchas veces se resume a represión violenta y confinamiento en instituciones que no reeducan, sin dar atención a los traumas psicológicos, sin involucrar a las familias, sin reconocer que son sujetos de derechos.
Los principales desafíos son equilibrar programas de prevención y acciones de represión; rescatar y reintegrar a los chicos y chicas involucrados en la criminalidad; evitar la banalización de la violencia y luchar por los derechos humanos, especialmente por la garantía de los derechos básicos del niño y el adolescente.
En 2005, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) divulgó un comunicado diciendo que las políticas públicas y los programas de prevención para jóvenes involucrados en violencia armada deberían ser vistos “bajo la perspectiva de la seguridad pública y no bajo la óptica de la represión”.
Más que víctimas o agresores, estos jóvenes son los principales atingidos por un contexto social, económico y político que incluye prejuicios de color, raza y clase, falta de atención e inversión del poder público, desigualdad de oportunidades, entre otros factores.
La expresión “Niños y Jóvenes en Violencia Armada Organizada”, cuya sigla en inglés es ‘COAV’, ha sido empleada en los últimos años por especialistas de diversos países que buscan comprender mejor el fenómeno, además de indicar alternativas para resolverlo.
Las soluciones pasan por la creación de políticas públicas de prevención, que aborden tanto las causas cuanto las consecuencias del problema; acciones específicas para limitar la circulación de armas de fuego y proyectos que estimulen una cultura de paz.
Lo invitamos a reflexionar sobre estos temas, participar y proponer debates, colaborar con sus propuestas y cuestionamientos, pues creemos que juntos podemos avanzar tanto en el plano de las ideas cuanto de las acciones, en el camino de la construcción de comunidades seguras.
El crecimiento de grupos armados organizados y el aumento progresivo del número de víctimas en la franja de edad de los 15 a los 25 años preocupan comunidades, especialistas y gobiernos del mundo entero.
La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes compilados por las estadísticas de homicidios en ciudades violentas son pobres o miembros de grupos socialmente excluidos, para quien las oportunidades de recreación, educación y empleo son escasas o inexistentes. La acción de las autoridades muchas veces se resume a represión violenta y confinamiento en instituciones que no reeducan, sin dar atención a los traumas psicológicos, sin involucrar a las familias, sin reconocer que son sujetos de derechos.
Los principales desafíos son equilibrar programas de prevención y acciones de represión; rescatar y reintegrar a los chicos y chicas involucrados en la criminalidad; evitar la banalización de la violencia y luchar por los derechos humanos, especialmente por la garantía de los derechos básicos del niño y el adolescente.
En 2005, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) divulgó un comunicado diciendo que las políticas públicas y los programas de prevención para jóvenes involucrados en violencia armada deberían ser vistos “bajo la perspectiva de la seguridad pública y no bajo la óptica de la represión”.
Más que víctimas o agresores, estos jóvenes son los principales atingidos por un contexto social, económico y político que incluye prejuicios de color, raza y clase, falta de atención e inversión del poder público, desigualdad de oportunidades, entre otros factores.
La expresión “Niños y Jóvenes en Violencia Armada Organizada”, cuya sigla en inglés es ‘COAV’, ha sido empleada en los últimos años por especialistas de diversos países que buscan comprender mejor el fenómeno, además de indicar alternativas para resolverlo.
Las soluciones pasan por la creación de políticas públicas de prevención, que aborden tanto las causas cuanto las consecuencias del problema; acciones específicas para limitar la circulación de armas de fuego y proyectos que estimulen una cultura de paz.
Lo invitamos a reflexionar sobre estos temas, participar y proponer debates, colaborar con sus propuestas y cuestionamientos, pues creemos que juntos podemos avanzar tanto en el plano de las ideas cuanto de las acciones, en el camino de la construcción de comunidades seguras.
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