El Salvador: Municipios libres de armas

De enero de 2005 a enero de 2007, se implementó el proyecto “Municipios Libres de Armas” en las localidades de San Martín e Ilopango, en la área metropolitana de la capital San Salvador. El proyecto tuvo como objetivo incrementar los niveles de desarrollo humano de estas localidades, a través de la reducción de la violencia armada mediante una experiencia de control de la circulación de las armas de fuego en ambos municipios.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) ejecutó este proyecto con el apoyo del Programa Sociedad Sin Violencia del PNUD El Salvador y con fondos del Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) de PNUD y Save the Chindren-Suecia. En coordinación con las Alcaldías Municipales y Subdelegaciones Policiales de San Martín e Ilopango, el Ministerio de Gobernación y la Cancillería, el proyecto ha avanzado en la aprobación sendas ordenanzas municipales, el incremento de la fiscalización policial de armas de fuego y la participación de las comunidades.

Contexto

En El Salvador circulan unas 450.000 armas de fuego, el 60 por ciento ilegales, según el estudio “Armas de fuego y violencia” de PNUD El Salvador. El país tiene una tasa de 59.9 homicidios por cada cien mil habitantes en 2005, casi el 80 por ciento cometidos por armas de fuego. La mayoría de personas asesinadas fueron hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. La percepción de inseguridad también va en aumento, según una encuesta del periódico La Prensa Gráfica y ya se ha constituido en la principal preocupación de la ciudadanía, por encima incluso de la situación económica.

La violencia está imponiendo, además, un elevado costo a El Salvador, De acuerdo con las estimaciones efectuadas en ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador? , el costo de la violencia supone el 11.5% del PIB, un monto aproximado de unos US$1,723 millones. Este costo equivale a casi el triple del monto de recursos que se necesitarían para garantizar cobertura universal en servicios sociales básicos a la población salvadoreña, los cuales se estimaban en 4.3% del PIB en el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003.

Para el caso concreto de las armas de fuego, un estudio realizado en 2003 por la asociación MESARES el Hospital Nacional Rosales utilizó el 11.27% de su presupuesto anual (US$ 1,945,339.00) para la atención de pacientes con heridas por arma de fuego. Esta suma podría cubrir el funcionamiento de un hospital departamental por un año .

Componentes del proyecto

La estrategia de intervención de esta experiencia piloto se organizó en torno a cinco ejes. El primer componente fue la prohibición municipal, mediante ordenanzas, de la portación de armas en espacios públicos de los dos municipios. El segundo componente buscó aumentar la fiscalización policial referente a las armas. Para ello, la Policía Nacional Civil, en coordinación con los Cuerpos de Agentes Municipales, fortaleció el control de las armas de fuego, mediante la aplicación de las ordenanzas municipales y de la ley de armas. Un tercer eje del proyecto fue la producción y difusión de una campaña de opinión pública en los medios de comunicación masiva y alternativos de cobertura local y nacional, que divulguase mensajes a favor de la no portación de armas. Esta campaña se acompañó de la realización de actividades municipales con los actores estratégicos que contribuirían a sensibilizar a los ciudadanos sobre los peligros del arma de fuego y la conveniencia de restringir su uso.

Una investigación sobre el impacto del proyecto en el desarrollo humano en el ámbito municipal, que permitió medir el impacto del proyecto en la violencia armada y demostrar la importancia de las medidas implementadas para reducir este tipo violencia, la recolección de armas de fuego entregadas voluntariamente y la promoción de las experiencias municipales completaron los ejes estratégicos de este proyecto.

Logros alcanzados

1.- Ordenanza municipal

Luego de obtener el acuerdo de los Concejos Municipales de San Martín e Ilopango para involucrarse activamente en el desarrollo del proyecto, se realizó en abril de 2005 un diagnóstico de carácter jurídico que estableció la factibilidad de promulgar ordenanzas municipales para prohibir la portación de armas de fuego y armas blancas en espacios públicos, de manera que resulten armónicas y coherentes con el resto del ordenamiento constitucional y legislativo en la materia.

A partir de este análisis y de las consultas generadas con diferentes actores locales (Alcaldías, PNC, Jueces, Fiscalía, Iglesia, etc.), los Gobiernos Locales de San Martín e Ilopango emitieron ordenanzas municipales el 15 de Agosto y el 31 de noviembre, respectivamente, las cuales restringen la portación de armas de fuego en 62 espacios municipales de las zonas de mayor riesgo (parques, zonas verdes, mercados, terminales de buses y microbuses), donde ocurre el mayor número de delitos a mano armada.

Para dar a conocer la normativa a los habitantes de los municipios se diseñó un plan de promoción que se implementó en San Martín desde el 31 de octubre, día en que fue publicada en el Diario Oficial la Ordenanza Municipal. Para ello, se realizaron 30 tardes culturales y se distribuyeron 7,000 hojas volantes en diferentes actividades como la fiesta patronal, actividades artísticas, etc. Durante el mismo período la Alcaldía instaló 25 señales en lugares públicos donde se prohíben la portación de armas de fuego según lo establecido en la ordenanza municipal.

2.- Aumento de la fiscalización policial

En el mes de marzo de 2005, las Subdelegaciones de la PNC de San Martín e Ilopango y de la División de Armas y Explosivos (DAE) elaboraron un diagnóstico sobre la situación de la delincuencia de ambos municipios, con el propósito de diseñar un plan de fiscalización orientado a incrementar el control de las armas de fuego en las zonas de mayor riesgo.

El diagnóstico permitió priorizar 17 zonas de alto riesgo donde ocurren el 50% de los delitos con armas de fuego; identificar las características de las víctimas por armas de fuego (el 40% son hombres jóvenes menores de 25 años, específicamente por los delitos de homicidios, lesiones y robos de vehículos); e identificar también que circulan legalmente más de 4,000 armas de fuego en ambos municipios.

A partir de estos resultados, la Policía Nacional Civil elaboró planes de fiscalización que incluyen a) la formación de 200 agentes de la PNC en los procedimientos sobre requisa personal y decomisos de armas de fuego, b) el aumento del control de la portación de armas por particulares en espacios públicos y privados, y c) el seguimiento de 1,900 matrículas de armas de fuego vencidas.

Producto del plan de fiscalización, en los meses de noviembre y diciembre las Subdelegaciones policiales verificaron 450 matriculas de armas vencidas y decomisaron 50 armas de fuego en calles, parques y canchas. Asimismo, desde la implementación de esta iniciativa, la PNC decomisó mensualmente el doble de las armas de fuego que en 2004 y alcanzó un control más efectivo de las matrículas vencidas.

3.- Campaña de comunicación

Con el lema “San Martín Vivo, é Ilopango Vivo, Libres de armas”, la campaña pretendió sembrar inquietudes y respuestas sobre el tema de la violencia armada, y generar un impacto inmediato y positivo en la población para estimular un cambio de actitud frente a esa problemática. Con mensajes del estilo “¿Cómo desarmamos la violencia de un pueblo? Armándolo de respeto, participación y vida se ha buscado sensibilizar a la población en general, difundiendo los mensajes a través de los principales periódicos nacionales, las 10 radios estatales de mayor audiencia y mediante la colocación de publicidad en 12 unidades de transporte público en ambos municipios.

De manera simultanea se trabajó con grupos estratégicos tales como las Alcaldías Municipales, la PNC, los líderes comunitarios y juveniles en la organización y realización de las actividades de sensibilización mediante la realización de eventos de convivencia (cultural, ciclo vía, etc.) para promover los mensajes de la campaña.

Asimismo, en el mes de octubre de 2005, se firmó un acuerdo de cooperación con Save The Children Suecia cuyo objetivo fue fomentar la convivencia pacífica a través de la recuperación y dinamización de espacios públicos en las zonas de mayor riesgo, que permitan un uso integrado y diverso, y contribuyan a incrementar la confianza, fomentar la identidad comunitaria y la seguridad en los municipios de San Martín e Ilopango, desde la participación activa de los niños, niñas y jóvenes. En este contexto, se llevaron a cabo talleres con 60 jóvenes para facilitar la reflexión y se planificaron acciones orientadas a fomentar la convivencia y prevenir la violencia armada en sus respectivos barrios. También se capacitó a 15 jóvenes en la producción de programas radiales.

En términos generales, se esperaba que la campaña a través de los medios de comunicación y de los eventos comunitarios, combinados con una mayor presencia policial, contribuyeran a: 1) disminuir el porcentaje de personas que piensan que un arma de fuego les brinda seguridad; 2)aumentar el uso de los espacios públicos como lugar de socialización y 3) incrementar el sentimiento de seguridad de las personas en las zonas de mayor riesgo para el primer semestre del 2006.

4.- Investigación

La investigación permitió construir un sistema de indicadores y crear de la línea base del proyecto, a fin evaluar el impacto del mismo en la violencia armada y en el desarrollo en los dos municipios.

El levantamiento de la línea de base del proyecto en ambos municipios ha permitido identificar importantes aspectos tales como:

- Se calcula que el 10% de los hogares de San Martín e Ilopango tienen armas de fuego y el 11% desean tenerlas.

- El 86% de la población encuestada en ambos municipios apoya la prohibición de la portación de armas.

- La PNC decomisó 269 armas de fuego en 2004, en su mayoría en vinculación a un delito (58%) más que por una fiscalización de la ley por si misma; se estima que circulan en los municipios de San Martín e Ilopango un total de 10,000 armas de fuego, de las cuales el 60% son ilegales.

- Se calcula en alrededor de US$ 20,000,000 dólares el costo de la violencia con arma de fuego durante 2004 en ambos municipios, lo cual constituye el doble del presupuesto municipal y equivale a un gasto de US$ 68.16 per capita, cifra similar a la inversión social per capita en el país.

5.- Impacto del proyecto

i) Generó un amplio debate local y nacional sobre la proliferación de armas de fuego, su impacto en la violencia y las estrategias para abordar la problemática. Cada vez más actores están a favor de restringir la portación de armas de fuego.

ii) Promovió una reflexión sobre estrategias de prevención de la violencia y contribuyó a estimular nuevos actores en la implementación de estrategias preventivas.

iii) Permitió desarrollar una buena práctica “modelo” de gestión local de seguridad ciudadana y estimuló a emprender iniciativas similares en otros municipios o zonas geográficas.

iv) Contribuyó a dar un salto de calidad en la gestión de la información sobre violencia y delincuencia y permitió mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas.

v) Contribuyó a generar cambios en la legislación nacional: La Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social recomendó la modificación de la legislación nacional ampliando la prohibición de la portación de armas de fuego a plazas, parques gasolineras y la posibilidad de vedas temporales yo en determinados espacios públicos y o municipios; y extender la iniciativa a los 20 municipios más violentos del país.

vi) Mejoró la imagen de la PNC en ambos municipios y aumentó el número de denuncias de la población.