Este es un informe de B’tselem, publicado en su página web. B´tselem es el Centro de Información Israelí sobre los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados.
“Desde el inicio de la Intifada, el 29 de septiembre del 2000, hasta el 31 de diciembre de 2006, han muerto 3.944 palestinos en los territorios ocupados por Israel. Entre ellos 809 menores de edad (menores de 18 años). Por lo menos 1.915 de los fallecidos no participaban en combate alguno cuando fueron alcanzados; otros 210 fueron ejecutados como blancos directos seleccionados. Varios millares fueron heridos.
Desde 1967, Israel controla Cisjordania (incluyendo Jerusalén este) y la Franja de Gaza. Como ocupante, Israel tiene la obligación de actuar en estos territorios respetando el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según estas normas internacionales, el uso de la fuerza contra civiles, por parte de Israel, debe limitarse a acciones de mantenimiento del orden, parecido a como actuaría la policía con los ciudadanos israelíes dentro de sus fronteras.
Hasta el inicio de la Intifada al-Aqsa, que empezó en septiembre del 2000, las normas sobre el uso de armas de fuego en los territorios ocupados, se limitaban al mantenimiento del orden y conforme a las leyes penales del Estado de Israel. El uso de fuego real estaba autorizado en tres casos: en primer lugar cuando estaban en una situación en la que peligraba su vida (definido como “real amenaza de perder la vida o de herida grave”). En este caso el disparo a matar estaba autorizado pero solo en el caso de no tener otra opción contra una amenaza. En segundo lugar, el disparo a matar estaba autorizado en disturbios violentos, después de haber utilizado otros medios como balas de goma, granadas ofensivas o gases lacrimógenos y que estos medios no fueran suficientes. En tercer lugar, se podía hacer fuego real cuando había que detener a alguien, pero en este caso podían disparar a las piernas del sospechoso si en este momento estaba cometiendo un crimen grave, y que no hubiera peligro de herir a otros viandantes. A pesar de la existencia de estas normas, ha habido a lo largo de estos años muchos casos de militares israelíes que han matado y herido palestinos inocentes. El motivo principal ha sido el uso indiscriminado de disparos letales en situaciones que no significaban amenaza de muerte para los soldados ni para civiles. Otro motivo ha sido que Israel no ha adquirido material antidisturbios para dispersar manifestaciones violentas, lo que habría reducido drásticamente el número de bajas palestinas.
Israel ha definido la violencia que ha tenido lugar durante la Intifada al-Aqsa como un conflicto armado, en otras palabras, como una guerra. Esta definición ignora la realidad de los Territorios Ocupados donde una parte importante del de la actividad del ejército israelí – dispersar manifestantes, arrestos, restricción de libertad de movimiento – son actividades policiales y de mantenimiento del orden público, y que estaba definido como tal antes de la Intimada. El cambio de definición justificó ostensiblemente cambios en el reglamento sobre el uso de armas de fuego.
Contrariamente a las prácticas anteriores a la Intifada al-Aqsa, el ejército israelí no ha entregado a los soldados el folleto de instrucciones sobre el uso de sus armas de fuego. Sin embargo, según los testimonios de soldados a B´Tselem y de informaciones publicadas en los medios de comunicación, hay muchos ejemplos de cambios en el Reglamento que amplia sustancialmente las situaciones en las que los soldados pueden disparar sus armas. Entre estos ejemplos está la ampliación del término “amenaza de muerte” a casos que no lo eran antes, como el lanzamiento de piedras. Se puede disparar sin previo aviso sobre cualquier palestino que lleve un arma. Los soldados pueden disparar para hacer efectivo toque de queda. Deben igualmente abrir fuego cuando cualquier palestino penetre una zona considerada como “zona peligrosa” como la valla que rodea la Franja de Gaza; el ejército tiene autorizado asesinar palestinos sospechosos de haber atentado contra israelíes. Además de todo esto, pueden usar munición capaz de matar en un radio de acción muy grande. Esta munición va desde bombas de centenares de kilos lanzadas desde aviones, hasta proyectiles compuesto de dardos disparados desde tanques.
Estos cambios en las instrucciones recibidas por los soldados han supuesto la muerte de centenares de palestinos que no tomaban parte en combates. Estas muertes violan el Derecho Internacional Humanitario en su aplicación a un territorio ocupado..
Cuando existen combates en un territorio ocupado, el ejército de ocupación no sólo debe cumplir con las reglas del Derecho Internacional Humanitario, sino también las leyes de la guerra. En este caso el ejército de ocupación puede iniciar ataques sobre personas que tomas parte en las hostilidades, pero con unos límites. Estos límites son de proteger en la medida de sus posibilidades la vida de los civiles que no toman parte en los combates. Las leyes de la guerra establecen dos principios: el de distinción y el de proporcionalidad.
El principio de distinción requiere que los ataques se dirijan a personas que toman partes en las hostilidades y a los objetos que son utilizados con fines militares. Con el fin de cumplir con este principio, las leyes internacionales prohíben que se ataque lugares que no sean un blanco específicamente militar, así como el uso de armamento incapaz de distinguir con suficiente precisión los combatientes de los civiles. El hecho que hayan combatientes entre la población civil no exime de la responsabilidad de protección a los civiles; de la misma manera, si una de las partes no cumple esta regla no autoriza la otra a hacer lo mismo.
El principio de proporcionalidad prohíbe el ataque de un objetivo legítimo si los daños a la población civil va a ser superior a la ventaja militar de dicho ataque.
La aplicación de estos principios por parte de los militares israelíes cuando actúan en zonas pobladas, es complicada ya que es difícil distinguir los combatientes de los civiles. Aún así es necesario cumplir los principios en la medida de las posibilidades. Los ataques deben planificarse teniendo en cuenta esta situación, y deben cancelarse si el número de bajas civiles puede ser excesivo.
Desde el inicio de la intifada al-Aqsa, Israel a violado estas leyes, principalmente en sus incursiones masivas contra ciudades palestinas. Estas violaciones incluyen disparons indiscriminados que han herido a transeúntes, el uso de munición que no distingue entre combatientes y civiles, destrucción de casas y otras propiedades violando el principio de proporcionalidad.
El cambio en la clasificación a el de una guerra ha provocado igualmente cambios en las normas de investigación por la muerte de civiles por parte de soldados israelíes. Antes de la intifada de al-Aqsa, la oficina del Juez General actuaba de oficio ordenando a la Policía Militar la investigación de todos los casos de muerte de civiles palestinos debido a disparos de los soldados. Al considerarse los enfrentamiento como los de una Guerra, se ha modificado esta política. Ahora la oficina del Juez General solo ordena una investigación en contadas ocasiones. Un porcentaje muy pequeño de muerte de civiles palestinos son investigados. Incluso en los casos investigados, un número ínfimo de casos siguieron adelante. Esta nueva política deja a entender a los soldados de que la vida de los palestinos tiene poco valor, y crea un ambiente de inmunidad.”
http://www.btselem.org/english/Firearms/Index.asp
“Desde el inicio de la Intifada, el 29 de septiembre del 2000, hasta el 31 de diciembre de 2006, han muerto 3.944 palestinos en los territorios ocupados por Israel. Entre ellos 809 menores de edad (menores de 18 años). Por lo menos 1.915 de los fallecidos no participaban en combate alguno cuando fueron alcanzados; otros 210 fueron ejecutados como blancos directos seleccionados. Varios millares fueron heridos.
Desde 1967, Israel controla Cisjordania (incluyendo Jerusalén este) y la Franja de Gaza. Como ocupante, Israel tiene la obligación de actuar en estos territorios respetando el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según estas normas internacionales, el uso de la fuerza contra civiles, por parte de Israel, debe limitarse a acciones de mantenimiento del orden, parecido a como actuaría la policía con los ciudadanos israelíes dentro de sus fronteras.
Hasta el inicio de la Intifada al-Aqsa, que empezó en septiembre del 2000, las normas sobre el uso de armas de fuego en los territorios ocupados, se limitaban al mantenimiento del orden y conforme a las leyes penales del Estado de Israel. El uso de fuego real estaba autorizado en tres casos: en primer lugar cuando estaban en una situación en la que peligraba su vida (definido como “real amenaza de perder la vida o de herida grave”). En este caso el disparo a matar estaba autorizado pero solo en el caso de no tener otra opción contra una amenaza. En segundo lugar, el disparo a matar estaba autorizado en disturbios violentos, después de haber utilizado otros medios como balas de goma, granadas ofensivas o gases lacrimógenos y que estos medios no fueran suficientes. En tercer lugar, se podía hacer fuego real cuando había que detener a alguien, pero en este caso podían disparar a las piernas del sospechoso si en este momento estaba cometiendo un crimen grave, y que no hubiera peligro de herir a otros viandantes. A pesar de la existencia de estas normas, ha habido a lo largo de estos años muchos casos de militares israelíes que han matado y herido palestinos inocentes. El motivo principal ha sido el uso indiscriminado de disparos letales en situaciones que no significaban amenaza de muerte para los soldados ni para civiles. Otro motivo ha sido que Israel no ha adquirido material antidisturbios para dispersar manifestaciones violentas, lo que habría reducido drásticamente el número de bajas palestinas.
Israel ha definido la violencia que ha tenido lugar durante la Intifada al-Aqsa como un conflicto armado, en otras palabras, como una guerra. Esta definición ignora la realidad de los Territorios Ocupados donde una parte importante del de la actividad del ejército israelí – dispersar manifestantes, arrestos, restricción de libertad de movimiento – son actividades policiales y de mantenimiento del orden público, y que estaba definido como tal antes de la Intimada. El cambio de definición justificó ostensiblemente cambios en el reglamento sobre el uso de armas de fuego.
Contrariamente a las prácticas anteriores a la Intifada al-Aqsa, el ejército israelí no ha entregado a los soldados el folleto de instrucciones sobre el uso de sus armas de fuego. Sin embargo, según los testimonios de soldados a B´Tselem y de informaciones publicadas en los medios de comunicación, hay muchos ejemplos de cambios en el Reglamento que amplia sustancialmente las situaciones en las que los soldados pueden disparar sus armas. Entre estos ejemplos está la ampliación del término “amenaza de muerte” a casos que no lo eran antes, como el lanzamiento de piedras. Se puede disparar sin previo aviso sobre cualquier palestino que lleve un arma. Los soldados pueden disparar para hacer efectivo toque de queda. Deben igualmente abrir fuego cuando cualquier palestino penetre una zona considerada como “zona peligrosa” como la valla que rodea la Franja de Gaza; el ejército tiene autorizado asesinar palestinos sospechosos de haber atentado contra israelíes. Además de todo esto, pueden usar munición capaz de matar en un radio de acción muy grande. Esta munición va desde bombas de centenares de kilos lanzadas desde aviones, hasta proyectiles compuesto de dardos disparados desde tanques.
Estos cambios en las instrucciones recibidas por los soldados han supuesto la muerte de centenares de palestinos que no tomaban parte en combates. Estas muertes violan el Derecho Internacional Humanitario en su aplicación a un territorio ocupado..
Cuando existen combates en un territorio ocupado, el ejército de ocupación no sólo debe cumplir con las reglas del Derecho Internacional Humanitario, sino también las leyes de la guerra. En este caso el ejército de ocupación puede iniciar ataques sobre personas que tomas parte en las hostilidades, pero con unos límites. Estos límites son de proteger en la medida de sus posibilidades la vida de los civiles que no toman parte en los combates. Las leyes de la guerra establecen dos principios: el de distinción y el de proporcionalidad.
El principio de distinción requiere que los ataques se dirijan a personas que toman partes en las hostilidades y a los objetos que son utilizados con fines militares. Con el fin de cumplir con este principio, las leyes internacionales prohíben que se ataque lugares que no sean un blanco específicamente militar, así como el uso de armamento incapaz de distinguir con suficiente precisión los combatientes de los civiles. El hecho que hayan combatientes entre la población civil no exime de la responsabilidad de protección a los civiles; de la misma manera, si una de las partes no cumple esta regla no autoriza la otra a hacer lo mismo.
El principio de proporcionalidad prohíbe el ataque de un objetivo legítimo si los daños a la población civil va a ser superior a la ventaja militar de dicho ataque.
La aplicación de estos principios por parte de los militares israelíes cuando actúan en zonas pobladas, es complicada ya que es difícil distinguir los combatientes de los civiles. Aún así es necesario cumplir los principios en la medida de las posibilidades. Los ataques deben planificarse teniendo en cuenta esta situación, y deben cancelarse si el número de bajas civiles puede ser excesivo.
Desde el inicio de la intifada al-Aqsa, Israel a violado estas leyes, principalmente en sus incursiones masivas contra ciudades palestinas. Estas violaciones incluyen disparons indiscriminados que han herido a transeúntes, el uso de munición que no distingue entre combatientes y civiles, destrucción de casas y otras propiedades violando el principio de proporcionalidad.
El cambio en la clasificación a el de una guerra ha provocado igualmente cambios en las normas de investigación por la muerte de civiles por parte de soldados israelíes. Antes de la intifada de al-Aqsa, la oficina del Juez General actuaba de oficio ordenando a la Policía Militar la investigación de todos los casos de muerte de civiles palestinos debido a disparos de los soldados. Al considerarse los enfrentamiento como los de una Guerra, se ha modificado esta política. Ahora la oficina del Juez General solo ordena una investigación en contadas ocasiones. Un porcentaje muy pequeño de muerte de civiles palestinos son investigados. Incluso en los casos investigados, un número ínfimo de casos siguieron adelante. Esta nueva política deja a entender a los soldados de que la vida de los palestinos tiene poco valor, y crea un ambiente de inmunidad.”
http://www.btselem.org/english/Firearms/Index.asp
4 comentarios:
Israel tiene el derecho a la autodefensa,aunque por supuesto lamento la muerte de menores,que la mayoría de las veces son utilizados por sus padres como kamikazes.
Nadie pone en duda el derecho a defender sus ciudadanos al estado de Israel. De lo que se trata es de como lo hace en los territorios que ocupa. Recuerde que este escrito está hecho por una organización israelí que simplemente pretende que su país cumpla con los compromisos internacionales relacionados con los Derechos Humanos.
habría que mencionar que Israel no tiene ningún derecho a matar a los verdaderos dueños de ese territorio, es tonto pensar que te vas a robar un país y la gente de ese país se va a quedar sentada sin hacer nada, los israelitas son los verdaderos terroristas y enemigos de la paz.
Defenderse de què ? de un pueblo al cual invadieron,despojaron de su tierras y esàn exterminando sistemàticamente ?malditos judìos asesinos de mierda !!!!se parecen cada vez màs a los nazis....con su maldito caballito de batalla y disculpa de puta mierda...ay señor luego usted es antisemita ???
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