En Uruguay hay oficialmente 580.000 armas registradas para una población de poco más de 3.280.000 habitantes. Existe, además, un importante mercado negro. Y las ventas van en aumento: 50% más en los últimos cuatro años, en medio de una ola de inseguridad que - vista desde México, Colombia o Venezuela parecería ridícula - pero que para los plácidos uruguayos resulta intolerable.
Once de la mañana del domingo en el Club Uruguayo de Tiro, a pocos metros del mítico estadio Centenario de Montevideo. En varias hileras, con una diana al fondo, varios hombres disparan causando un fuerte estruendo que, sin embargo, nadie parece advertir. Aquí vienen los socios de toda la vida y también aquellos que quieren sacarse un permiso. La ley actual somete a los candidatos a tener un arma a un examen psicológico y a varias horas de clases de tiro. Cada arma y cada dueño queda registrado. Si bien la "tenencia" de armas es fácil de obtener, el "porte" de armas - es decir, el derecho a llevarla encima - es sometido a estrictos controles. De los mil socios del club, solo veinte tienen el porte, según la administración.
Los testimonios coinciden: el perfil del propietario de un arma en Uruguay es un hombre, generalmente un padre de familia, que tramita la "tenencia" para poder defender su hogar en caso de agresión externa. Basta con interrogar al vecino, al compañero de trabajo, al médico o al profesor. Muchos reconocerán que tienen una pistola en casa, en un cajón cerrado, muchas veces sin utilizar.
Pero muchas otras veces las armas se usan y en esos casos la legislación explica la paradójica situación de Uruguay, un país donde el concepto de legítima defensa resulta especialmente protector para el hogar, considerado prácticamente inviolable. En ese contexto, abatir a un ladrón dentro del domicilio se califica muchas veces como "legítima defensa". En medio de una fuerte aprobación popular, los jueces tienden a ser clementes en este tipo de situaciones.
El ultimo caso se produjo el pasado uno de marzo en la localidad norteña de Salto. Un jubilado de 64 años mató de un disparo en la cabeza a un delincuente con antecedentes que trataba de robarle la bombona de gas. Tras un interrogatorio, el juez dejó al agresor libre y sin cargos.
Gustavo Guidobono, director de la Asociación para el Desarme Civil, confirma que el arma se concibe como un "instrumento de seguridad doméstica y patriarcal" en Uruguay.
Algunas organizaciones civiles afirman que el número real de armas en manos de civiles ronda el millón. En todo caso, con 32 armas por cada cien habitantes, Uruguay está al nivel de países como Irak (34 armas por cada cien habitantes), muy por encima de Argentina (10 por cada cien habitantes), Brasil (8 por cada cien) o de Colombia (6 de cada cien), pero lejos de Estados Unidos (90 armas por cada cien habitantes). Las cifras están basadas en el Small arms Surrey 2007.
Pero Guidobono rechaza estas comparaciones, Uruguay tiene en todo caso "el mejor registro de armas de Latinoamérica, donde el control es muy relativo".
Los socios del Club de Tiro, que prefieren no dar sus nombres, rechazan de plano la nueva legislación que condena a penas de hasta 12 años de cárcel a los propietarios de armas no registradas, un rechazo que comparten con los sectores políticos conservadores.
Guillermo Maciel es el experto en seguridad del Partido Colorado, totalmente contrario a la ley. Cree que lo necesario es "desarmar a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos". Maciel considera que las leyes tienen que dar más elementos de autodefensa a los civiles. En ese contexto, el Partido Colorado apoya una iniciativa parlamentaria para ampliar el supuesto de legítima defensa y permitirla, por ejemplo, en los comercios.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados - Aníbal Pereyra, del Frente Amplio - afirma que la nueva ley trata de luchar contra el mercado negro y dejará un plazo de un año para que los civiles cambien sus armas ilegales por ordenadores portables o bicicletas.
En todo caso, quedará intacto un curioso privilegio para los diputados y senadores uruguayos, que tienen derecho a portar armas sin ningún tipo de restricción. Un estudio de 2008 reveló que uno de cada tres legisladores tiene un arma, cifras que Pereyra considera totalmente caducas. "En 1950, se prohibió la entrada de legisladores armados al hemiciclo y actualmente sólo se usan cuando hay necesidad de transportar fondos", afirma.
Guidobono se indigna contra el "adefesio" que constituye mantener los "privilegios ridículos" de los legisladores y se muestra tajante: "los políticos uruguayos están armados", tanto en los sectores de la derecha como en el bando de los exguerrilleros tupamaros del Frente Amplio y del presidente José Mujica.
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